Dos de los candidatos tendrían fuerte apoyo político e institucional, según el abogado Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná. Se trata de los fiscales Nelson Ruiz y Humberto Rossetti, mientras que la tercera, Alba Delvalle, solo estuvo en funciones administrativas.
La Corte Suprema de Justicia debió tratar ayer la terna para la Fiscalía Adjunta, pero postergó el tratamiento. “Sabemos que por aquí hay esquemas y sería un peligro darles el poder a estos fiscales”, afirmó Barreto.
El abogado señaló que el fiscal Ruiz ya blanqueó a varios políticos en los últimos años y tiene un fuerte apoyo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, de quien fue subordinado en la época en que era fiscala general adjunto en Ciudad del Este. Añadió que Rossetti tiene la protección de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, ya que por denuncias de malos manejos fue trasladado a fiscalías zonales y desde que asumió Quiñónez lo trajo nuevamente a una unidad especializada, y como jefe, en Ciudad del Este.
El gremialista sostuvo que “Ruiz estuvo en la época de Hugo Velázquez, era uno de los que trabajaban en el apriete de falsificaciones y se creó también el apriete en evasión de impuestos. Es del primer anillo de Velázquez”.
El fiscal Ruiz fue quien pidió el sobreseimiento al supuesto testaferro del legislador Víctor Bogado, Miguel Ángel Caballero, también conocido como el mecánico de oro. En este caso, la Fiscalía General acusó al imputado, revocando la disposición de Ruiz.
“Le conocemos a Rossetti, cuantas veces fue trasladado. Después que subió Quiñónez volvió y está en una unidad especializa importante. Tiene un apercibimiento, fue suspendido y luego se levantó todo”, agregó.
ATAQUE. El fiscal Rossetti calificó como ataque mediático su supuesta vinculación con Javier Zacarías Irún. “Los que trabajamos en la frontera siempre estamos expuestos a este tipo de ataque, nunca nuestro trabajo va a satisfacer a todos. Nos valemos de nuestro trabajo y del apoyo que se pueda conseguir a nivel institucional”, afirmó.
“Si el apercibimiento es un obstáculo para la carrera judicial, entonces, se debería establecer por ley, pero es la Corte la que elige. También para estos cargos necesitamos carácter, aunque podamos ser cuestionados por el empresariado o un sector de la prensa”, afirmó.
Rossetti fue señalado por el abogado Édgar Cuevas, asesor de la Unión Industrial del Paraguay, de haberse negado a realizar un allanamiento sobre contrabando. El acusado sostuvo que el abogado quería entrar en el Mercado de Abasto Municipal, un lugar sensible, donde se necesitaba de una logística que en ese momento la Fiscalía no tenía. “No me negué, solo le dije que se tenía que tomar precauciones”, afirmó.
