24 abr. 2024

Grave negligencia fiscal podría dejar libres a Walter Bower y a dos policías

Acusados. Merardo Palacios (izq.) junto con Walter Bower.

Acusados. Merardo Palacios (izq.) junto con Walter Bower.

La grave negligencia fiscal, que tras la acusación no presentó sus pruebas, y que incluso las extravió, podría dejar libre al ex ministro Walter Bower, a más de los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera.

El juicio oral contra los tres acusados por supuestas torturas, a 19 años de los hechos, se inició al mediodía de ayer, ante los jueces Carlos Hermosilla, Víctor Medina y Rossana Maldonado.

Al inicio, el fiscal Fabián Centurión, en los incidentes previos, pidió incluir varias testificales.

Requirió la inclusión, como testigos, del capitán de Corbeta Vladimir Correa Billordo, el capitán José Rosario Lezcano y el médico Carlos Sánchez. El fiscal no sabía que Billordo ya estaba como testigo en el caso.

Además, los peritos Yolanda Mujica, Selva Echeverry y René Villasboa. También varios documentos, porque las copias simples se hallan en el expediente y habían sido rechazadas por el juez Gustavo Amarilla en la preliminar.

No obstante, las defensas se opusieron. La abogada María Isabel Candia de Hermosilla, representante del policía Merardo Palacios, solicitó el rechazo de los incidentes.

Explicó que en la misma acusación fiscal el agente decía que las pruebas estaban en una gaveta de la Fiscalía. Pero, ya en la preliminar, reconoció que se extraviaron, por lo que nunca fueron presentadas.

Es más, aseguró que el mismo juez lo constató, por lo que remitió copias de su fallo a la Fiscalía General del Estado.

Con ello, planteó incidente de nulidad de la acusación, teniendo en cuenta que el fiscal Centurión no ofreció sus pruebas.

Por su parte, el abogado Secundino Méndez, que defiende a Vera, señaló que los pedidos eran totalmente extemporáneos, ya que no fueron ofrecidos ni en la acusación ni en la preliminar.

Señalaron que los jueces no podían suplir la negligencia del fiscal.

En el caso, se investigan las supuestas torturas del 18 de mayo del 2000, tras el frustrado golpe de Estado contra Luis Ángel González Macchi.

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