En esta etapa, la tarea estaría dirigida sobre todo al Departamento de Caaguazú, donde cree que podrían encontrar a los 10 campesinos masacrados por militares y civiles, cuando el 8 de marzo de 1980, provenientes de Acaraymí, colonia ubicada a 40 kilómetros al noroeste de la actual Ciudad del Este, abordaron un ómnibus, armados, y exigieron ser trasladados hasta Caaguazú, para iniciar allí una lucha por sus ideales. Otra versión dice que en realidad se dirigían a Asunción para protestar por las persecuciones de las que eran víctimas desde que la esposa de un militar reclamó como suyas las tierras donde estaban asentados en Acaraymí.
En el trayecto, en el puesto de control Santo Domingo, Torín, inspectores de Hacienda intentaron detener el ómnibus en que viajaban los campesinos, pero los labriegos que tomaron el bus ordenaron al chofer seguir adelante. Entonces se inició una persecución por parte de los funcionarios, pensando que se trataba de contrabandistas.
Uno de los autos cruzó frente al ómnibus, por lo que el dirigente que lideraba el grupo, Victoriano Centurión, rompió el parabrisas del autobús y efectuó varios disparos, hiriendo a uno de los funcionarios.
Ante lo sucedido, los campesinos descendieron del ómnibus en un punto de Campo 8 (actualmente J. Eulogio Estigarribia). Eran 18, incluyendo mujeres y niños, y se internaron en el campo. Se activó el aparato represivo del Estado. Toda la región de Caaguazú fue invadida por camiones de soldados armados y el vuelo de helicópteros artillados. La orden era “acabar con los guerrilleros”. 10 de los campesinos fueron asesinados de manera violenta, algunos de ellos capturados vivos y posteriormente degollados con machetes.
Diversos indicios apuntan a que todos ellos fueron enterrados en una fosa común, en la zona de San Antoniomí, en las afueras de la ciudad de Caaguazú.
“Allí tenemos 5 sitios dentro de un predio. Uno de ellos es un pozo de 20 metros de profundidad”, explica Goiburú, responsable de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, dependiente del Ministerio de Justicia, quien recuerda que hace dos años se asignó un presupuesto de 300 millones de guaraníes para realizar excavaciones pendientes, al que aún no han podido acceder.
Movilizar para ello a un equipo de personas implica un costo de un millón de guaraníes por día de trabajo de campo, entre jornales de los paleros, herramientas, alimentación, e insumos.
“Ese dinero podría gastarse en aproximadamente 2 años, siempre y cuando hagamos los trabajos pendientes en el interior”, explica y cita que, además de los 12 a 14 sitios en Caaguazú y otros departamentos, prevén realizar excavaciones en Lambaré, en el sitio donde se encontró el Archivo del Terror (sede de Producciones de la Policía Nacional).
“Tenemos una carpeta abierta en la fiscalía de investigación para hacer un trabajo de retrospección en un lugar donde empezamos tareas con un georradar, con un profesional geofísico”, cuenta. El propósito es centrarse en el caso Caaguazú y en la excavación en el lugar mencionado en Lambaré.
“El plan es destinar entre 60 y 70 días por año al trabajo de campo y destinar el resto del presupuesto para pagar elementos relacionados con la toma de muestra y el procesamiento genético de los materiales rescatados”, explica.
Cada procesamiento de extracción de material genético de huesos cuesta entre 1.000 a 1.500 dólares, dependiendo del estado en que se encuentren los materiales. También se requiere cubrir los costos de extracción de sangre a cada familiar contemplando el precio de los soportes que son materiales que vienen de EEUU; todo ese proceso, que se realiza con la Fiscalía, cuesta 150 dólares por cada uno.
El equipo humano está presto, aguardando que el Ministerio de Hacienda libere los fondos presupuestados. Incluyendo los antropólogos argentinos que están siempre dispuestos a venir a acompañar el proceso de búsqueda e identificación de los restos de víctimas de la dictadura del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989). El Estado no va a administrar los recursos. La Dirección de Memoria Histórica y Reparación tiene suscripto un convenio desde el año pasado con una oenegé denominada Heñói que se encargará de esto.
Para Goiburú, la mayoría de los desaparecidos eran luchadores que soñaban con un Paraguay diferente, pero se los aniquiló. “Para que esto no suceda más, tenemos que rescatar la memoria tanto de esa lucha como de la tremenda e inhumana represión a la que fueron sometidos tantos compatriotas”, expresa el doctor. Es un aporte para las generaciones futuras, para que se reescriba la historia, dice.
En Caaguazú tenemos 5 sitios donde excavar dentro de un predio. Uno de ellos es un pozo de 20 metros de profundidad.
Tenemos que rescatar la memoria, tanto de esa lucha como de la tremenda e inhumana represión a la que fueron sometidos tantos compatriotas.