El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se resiste a dejar su cargo, a pesar de las graves denuncias en su contra y la cantidad de irregularidades atribuidas, que hacen insostenible su continuidad.
Godoy tiene en puerta un eventual juicio político, cuyo estudio en la Cámara de Diputados se agendó para el lunes a la tarde. Un grueso de irregularidades se exponen en los dos libelos acusatorios contra el defensor, que fueron presentados ante la Cámara Baja.
COBROS ILEGALES. Una de las anomalías que se detallan, y que está entre las más graves, tiene que ver con supuestos cobros indebidos a objetores de conciencia. Este hecho, además, motivó una denuncia penal contra Godoy por exacción (exigencia de pago ilegal).
La denuncia impulsada por la abogada Diana Vargas expresa que el defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza” del artículo 21 de la Ley 4013/10 -que reglamenta la objeción de conciencia- “con el único fin de recaudar ilegalmente”. Dicho artículo indica que solo se podrá cobrar a aquellos que se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la ley (2010) y no quieren realizar el servicio civil. Las personas que llegan a la edad en la que deben cumplir el servicio militar obligatorio, pero prefieren declararse objetores, no están obligadas a pagar.
El libelo redactado por el tercer espacio contempla la denuncia de la abogada Vargas, y añade otros elementos llamativos.
Menciona que la Defensoría del Pueblo afirmó en un informe remitido al Senado que inició el cobro de la contribución en mayo de 2019.
En el mismo informe constan los datos del primer joven que abonó la contribución. Este tenía entonces 20 años, según se expone en el libelo. “Si en el año 2019 tenía 20 años, en el año 2010 apenas tenía 11 años, por lo que no pudo haberse declarado objetor de conciencia a esa edad”, expresa.
“(...) se han verificado que los más de 4.000 objetores que han abonado, según se corrobora en la prueba documental ofrecida, no tenían la obligación de abonar, puesto que no se habían declarado objetores de conciencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 4013, sino que realizaron dicho trámite en los últimos años ante la Defensoría del Pueblo, institución que ha deliberadamente cobrado a quienes no tenía obligación de abonar”, agrega.
SUPUESTAS COIMAS. ÚH divulgó varios audios filtrados de supuestos gestores que involucran en un esquema de coimas alrededor de expedientes sobre indemnizaciones de víctimas de la dictadura, nada más y nada menos, que a uno de los hombres de confianza del defensor Godoy.
Se trata del director general de Gabinete de la Defensoría, Carmelo Núñez, quien se desmarcó de dichos audios, donde supuestamente mencionan pagos por resoluciones.
Justamente, el manejo arbitrario de indemnizaciones a víctimas de la dictadura es una de las causales del libelo acusatorio que respalda el pedido de juicio político presentado contra Godoy.
En este punto se menciona que la administración de Godoy muestra una “preferencia” hacia solicitudes de reconsideraciones en cuanto al monto otorgado, por sobre los pedidos aún sin resolución, a pesar de los altos índices de mora. “Se da trámite y se resuelven recursos de reconsideración a expedientes cuyas resoluciones que fijan montos ya fueron resueltos hasta hace 16 años atrás. Llama la atención que en todos los casos se resuelve, sin más trámite, el aumento del monto original en concepto de indemnización asignada”, indica.
USO DISCRECIONAL DE COMBUSTIBLES. La Contraloría General de la República (CGR) realizó varias observaciones a la institución a cargo de Godoy, entre las que resaltan las que tienen que ver con el uso de combustibles. Por ejemplo, se observó la carga de combustible en vehículos no asignados en el listado de tarjetas habilitadas para la utilización del carburante. El ente de control no descartó remitir sus hallazgos al Ministerio Público. De hecho, un equipo periodístico de ÚH consiguió evidenciar con fotografías y videos que Godoy utilizaba un vehículo institucional, sin logotipo y con el número de Rasp (Registro del Automotor del Sector Público) asignado oculto.
Miguel Godoy soporta varias denuncias por maltratos. Y es protagonista constante de polémicas. Recientemente fue denunciado por diputados que promueven su enjuiciamiento por supuestamente planear plantarles drogas.
En la mira. La Defensoría del Pueblo atraviesa horas difíciles con el posible enjuiciamiento de su titular.
ALGUNAS “PERLITAS” DEL DEFENSOR
COBROS INDEBIDOS Miguel Godoy fue denunciado ante la Fiscalía por el supuesto delito de exacción (exigencia de pago ilegal) a objetores de conciencia.
COIMAS Gestores mencionan en unos audios pagos por resoluciones en expedientes sobre indemnizaciones de víctimas de la dictadura a un hombre de confianza de Godoy.
COMBUSTIBLE La CGR detectó cargas en vehículos no asignados en el listado de tarjetas habilitadas para la utilización del carburante.
CASO EMPLEADA Funcionaria de la Defensoría denunció que una subordinada iba a trabajar como empleada doméstica de Godoy.
CONTRATOS Godoy obvió procedimientos de contratación y recurrió a empresas ligadas a funcionarios leales, haciendo uso de la caja chica.
