AFP
MANAGUA - NICARAGUA
El gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega ordenó ayer la salida de una misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tras un contundente informe sobre la represión en el país, anunció la Cancillería en una carta distribuida a la prensa.
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación (a la misión de la ONU), este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el jueves y hecha pública ayer.
La decisión se produce dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno consideró una extralimitación de facultades de la entidad.
Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia en el país deja más de 320 muertos, 2.000 heridos y una cantidad no exacta de detenidos, desaparecidos y miles de desplazados a Costa Rica.
El representante de la misión de la ONU, Guillermo Fernández Maldonado, fue llamado a la Cancillería para una reunión con el ministro Denis Moncada, en un ambiente tenso y lleno de protocolo, según una imagen exhibida sin audio por el estatal Canal 6 de televisión.
El organismo de la ONU anunció en una nota de prensa que proseguirá su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, conforme su mandato conferido por la Asamblea General de la ONU.
También indica que continuará apoyando a las víctimas y familiares y “reitera su disposición” de apoyar a las autoridades para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
La decisión del gobierno fue acompañada de un ambiente de intimidación en las proximidades de la sede de Naciones Unidas en Managua, donde se desplegaron grupos de simpatizantes del gobierno con música de protesta y el estallido de potentes bombas artesanales.
Un hotel donde se alojan periodistas de medios internacionales, cerca de las oficinas de la ONU, estaba rodeado de grupos afines al gobierno en actitud intimidante, pero se retiraron sin incidentes. Según el gobierno, la invitación a la misión de la ONU tenía como objetivo acompañar el desmantelamiento de los tranques (bloqueos de carretera) que mantuvieron los manifestantes antigubernamentales hasta julio, cuando el gobierno los eliminó con una violenta campaña denominada “operación limpieza”.
