Ángel María Recalde, ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y ex director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), aborda en una entrevista con Última Hora el tema Itaipú y sus aristas. Igualmente, comparte su visión sobre el futuro energético del país, señalando la necesidad de encarar ciertas obras de manera urgente con el fin de garantizar la disponibilidad de energía.
–¿Cuál es su visión sobre el tema del Anexo C de Itaipú? ¿Cree que Paraguay debe esperar al 2023 para revisar este punto con Brasil?
–El Anexo C del Tratado de Itaipú, que contempla las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad, prevé que las disposiciones del mismo “serán revisadas después de transcurridos cincuenta años del ingreso en vigor del Tratado”. Esta disposición es mandatoria, por lo que las partes están obligadas a revisar el Anexo C luego del 13 de agosto de 2023.
El Costo del Servicio de Electricidad (tarifa) se define año a año de manera tal que con la misma se logren los ingresos necesarios para cubrir los costos del año en cuestión. El costo anual está compuesto por: pago de royalties a los Estados; pago a la ANDE y Eletrobras por la utilidad del capital integrado y por resarcimiento de las cargas administrativas y supervisión; el monto necesario para cubrir los gastos de explotación; el pago del servicio de la deuda (amortización + intereses) y el monto del saldo de la cuenta de explotación del ejercicio anterior. El costo anual en la actualidad se sitúa en torno de USD 3.291 millones y el servicio de la deuda es de USD 2.064 millones, representando el 63% de los costos.
El servicio de la deuda empezará a disminuir en el año 2022, donde se debe abonar USD 1.445 millones y, se terminará de pagar el saldo de USD 254 millones en el mes de abril del 2023.
De aquí podemos entender que se abren oportunidades comprendidas entre dos extremos: uno, negociar para que se mantenga los ingresos actuales de Itaipú y distribuir los USD 2.064 millones entre los dos socios condóminos, por un lado; y dos, dejar, por la aplicación del Anexo C, que la tarifa disminuya en el mismo porcentaje en que participa actualmente el servicio de la deuda (63%) en los costos. Lógicamente, están abiertas las posibilidades comprendidas entre estos extremos.
Si le conviene al Paraguay aguardar el 2023 para empezar a negociar, está supeditado en saber si cuál es la posición de nuestro país. En cuanto a lo instalado en la ciudadanía, pareciera que todo va por la primera posibilidad, que permitiría obtener más de USD 1.000 millones anuales como ingresos adicionales provenientes de Itaipú para el país, pero no debería dejar de considerarse el otro extremo (disminución de tarifas), que puede ayudar a la ANDE a sobrellevar su difícil situación financiera y que, de algún modo, esto represente disminución de las tarifas actuales de electricidad de la misma para beneficio directo de cada consumidor.
–¿Y si la posición paraguaya es mantener la tarifa?
–Si la posición paraguaya es la de mantener los valores actuales de la tarifa, ya tendría que estar convenciendo a la otra parte a iniciar la revisión del Anexo C antes de agosto de 2023. Es más, en rigor, ya se debería estar negociando a los efectos que la tarifa no comience a disminuir a partir del 2022. Esta posibilidad es muy distante por el escaso tiempo disponible.
–¿Cómo evalúa el hecho de que Paraguay no define aún su postura al respecto?
–Es un tema muy delicado, existe un inusitado interés de parte de toda la población sobre lo que debería significar para el país las negociaciones futuras. Esto traslada sobre el Gobierno una fuerte presión social y, en este contexto, lo lógico es que se busque la más amplia participación para la obtención de un gran consenso nacional sobre lo que se pretende.
A pesar de que ya el año pasado han concluido sus trabajos los grupos interdisciplinarios e interinstitucionales creados para analizar los aspectos técnicos, jurídicos, comerciales y económicos, no se ha instalado el debate entre las distintas organizaciones sociales, gremiales, empresariales, religiosas, políticas, etcétera, de manera a obtener de la ciudadanía el apoyo necesario para ir a la mesa de negociaciones.
Por otro lado, existen factores que le quitan prioridad al tema, como la pandemia instalada hace más de un año, con sus terribles consecuencias. Pero, tal vez el motivo más importante es que el actual gobierno ha perdido toda credibilidad y, por lo tanto, en esas condiciones va a ser imposible que obtenga el respaldo de la ciudadanía.
Particularmente creo que este Gobierno no va a poder ni tan siquiera iniciar las negociaciones. Me hará sentir muy feliz estar equivocado en mis apreciaciones.
–¿Cuál es su parecer sobre lo expresado por el director general brasileño de Itaipú, de que en el 2022 ya va a bajar la tarifa de la binacional? ¿La posible reducción conviene solo a Brasil o también conviene a Paraguay?
–Lo anunciado no es otra cosa que la simple aplicación del Anexo C del Tratado. En efecto, hasta que este se modifique, los ingresos deben igualar a los egresos previstos año a año. En el 2022, el servicio de la deuda es de USD 1.445 millones (USD 619 millones inferior al del presente año), eso significa, si los demás componentes del costo se mantienen constantes, que la tarifa va a disminuir en aproximadamente 19%. En el 2023 se debe pagar USD 254 millones para cancelar la deuda, la tarifa sería inferior en 55% en relación a la actual y a partir del año 2024, ya con deuda cero, la tarifa caería el 63% como ya lo habíamos anticipado.
Lo que subyace en las expresiones del director general brasileño es que Brasil está apuntando a la disminución de la tarifa. Lo anunciado es conveniente para los compradores (ANDE y Eletrobras), pero al ser la producción de la Central volcada mayoritariamente al Brasil, es evidente de que es mucho más conveniente para ese país. Esta situación se mantendrá hasta tanto el Paraguay no consuma el 50% de la producción.
Aquí es bueno comentar que en el año 2023 dejará de tener vigencia el Instrumento de Compromiso (más conocido como Acuerdo Operativo) firmado en el año 2007, el mismo posibilita hasta hoy que la ANDE utilice con preferencia los excedentes energéticos de la Central y, en caso que estos no existan o no sean suficientes para cubrir su demanda, ANDE tiene la opción de utilizar parte de la potencia contratada por Eletrobras. Esto ha posibilitado que la ANDE, ya desde el año 2003, contrate menos potencia de lo que requiere para atender la demanda del sistema interconectado nacional.
–¿Y qué pasará después?
–A partir del 2023, la ANDE debe contratar toda la potencia requerida por su sistema, lo que llevaría a casi duplicar sus egresos por compra de energía. Hoy sabemos que la ANDE no está de ninguna manera preparada para soportar semejante esfuerzo financiero, por lo que necesariamente trasladará a sus tarifas este incremento.
–¿Qué le pareció hasta ahora el trabajo realizado con respecto al Anexo C de Itaipú y los avances que fueron dados a conocer desde la Cancillería Nacional?
–No puedo comentar sobre un trabajo que desconozco en gran parte; no obstante, viendo la composición de los cuatro grupos que se han constituido, tengo la seguridad de que hicieron un buen trabajo. El primer fascículo publicado contiene informaciones importantes, pero habría de esperar se complete la publicación.
–La idea de vender la energía de Itaipú que le corresponde a Paraguay a precio de mercado en lugar de seguir con el régimen de cesión al Brasil, ¿qué tan factible se torna en la actualidad?
–Esta pregunta encierra el concepto de libre disponibilidad de nuestra energía. Para poder disponer de la misma a los efectos de venderla a terceros países, se debe negociar la modificación del Artículo XIII del Tratado. Particularmente considero que se puede obtener con cierta facilidad la modificación para lograr ese objetivo.
Ahora bien, si conseguimos hoy la libre disponibilidad, ¿qué hacemos? Miramos a nuestro alrededor y vemos que el bloque de potencia de más de 3.000 MW solo puede ser colocado en el mercado brasileño, habida cuenta de la carencia de infraestructura eléctrica que posibilite su colocación en otros países. Hasta tanto tengamos infraestructura adecuada y se hayan desarrollado las negociaciones para posibles ventas a otros países, estaremos dependiente del mercado eléctrico del Brasil.
Afirmo que con los precios de hoy, sería imposible colocar la energía ya adquirida en ese mercado, habida cuenta de que los precios en el mismo ha venido disminuyendo en los últimos años. El precio obtenido en subasta de energía proveniente de hidroeléctricas existentes se sitúa entre 39 y 43 USD/MWh, puestos en el centro de gravedad de la carga (centro de consumo).
Al Paraguay, la energía garantizada en barras de generación de Itaipú le saldría 43,80 USD/MWh, que se debe transportar hasta el centro de consumo de la región con un costo aproximado de 10 USD/MWh y ahí aplicar el lucro esperado en la operación. Si al precio de adquisición le sumamos el costo de transporte y el lucro esperado sobre el precio de compra (estimado 22,8% o sea 10 USD por cada MWh vendido), estaríamos presentes en el mercado brasileño con valores cercanos a los 65 USD/MWh, totalmente fuera de los valores de los precios vigentes en él.
En el presente, ante una crítica situación en la generación hidráulica en el Brasil (sus centrales tienen el promedio el 33% de su reservorio de agua), se tiene una activa participación de las centrales térmicas (de alto costo) y, a pesar de ello el costo de la energía se sitúa en promedio por debajo de 50 USD/MWh.
Arriesgar la compra de la mitad de la potencia instalada en la Central a un costo de USD 1.645 millones para una ganancia de 10 USD/MWh (que es lo que hoy se está recibiendo por cesión de energía), sería desaconsejable. Si vamos a correr el riesgo que sea por un lucro mayor, pero esto a su vez nos lleva al aumento del precio de la energía ofrecida, lo que nos alejaría aún más de los precios de mercado. A los interesados les sugiero que visiten la página web de la Cámara Comercializadora de Energía Eléctrica del Brasil (ccee.org.br).
–¿Cuáles son los desafíos en materia energética que se plantean para nuestro país más allá del tema del Anexo C de Itaipú?
–La energía eléctrica es el bien más preciado que tenemos hasta hoy los paraguayos, pero inexplicablemente no se le da la importancia que ella tiene. Se requiere urgentemente que el sector energético cuente con un órgano rector que planifique, dirija y controle a las empresas del sector. Se habla de la creación de un Ministerio de Energía y Minas desde hace muchísimo tiempo, pero nadie tiene tiempo para tomar una decisión al respecto, una lástima.
–¿Preocupa desde su punto de vista la falta de alternativas a Itaipú y Yacyretá para la generación de energía ante la creciente demanda de nuestro país?
–En el país todos estamos convencidos de que vamos a disponer de abundante energía eléctrica de por vida y lastimosamente no es así. En mi época de director de la EBY en las presentaciones que hacía en defensa de la construcción de la central en el Brazo Aña Cuá ya mostraba los gráficos de como iría evolucionando la demanda de potencia y de consumo en el futuro.
El IPPSE (Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico) también realizó estudios sobre el tema y concluyó que para el año 2029 aproximadamente ya estaríamos utilizando toda la potencia hidráulica hoy disponible en el país (50% de Itaipú + 50% de Yacyretá + 100% de Acaray). En términos de energía se visualiza su utilización total para el año 2034. Lógicamente que los resultados pueden diferir de los pronósticos realizados, pero de ninguna manera las diferencias van a ser de varios años.
Se habla de la generación hidroeléctrica en nuestros ríos interiores. De acuerdo a estudios realizados, la potencia total que se podría obtener estaría en torno a 1.000 MW, esto podría atrasar el problema como máximo por dos años ya que se prevé que el aumento de potencia para el año 2029 va a estar entre 500 y 600 MW/año, de acuerdo al estudio del IPPSE.
Las obras que ayudarán a postergar por unos años más el problema de déficit de generación sería: la conclusión de las obras de Aña Cuá; la instalación de 10 máquinas adicionales en Yacyretá (originalmente estaba contemplado equipar la Central con 30 máquinas y no con 20 como tiene ahora) y la construcción de las últimas centrales hidroeléctrica importantes que pueden ser construidas sobre el Río Paraná: Corpus e Itacorá-Itatí, con Argentina.
–¿Estas obras servirían solamente postergar el problema?
–Aún con la construcción de todas estas obras anunciadas, en la década del 2030 agotaremos absolutamente todos nuestros recursos hidráulicos, por lo que se debe pensar en otras fuentes de energía. Para cualquiera de los dos emprendimientos sobre el Río Paraná que mencionamos, se estima que su construcción puede llevar 12 años a partir de la decisión de construirlas. O sea, si hoy se decide comenzar el proceso, para el 2033 estarían en operación la primera máquina. Así como están las cosas, la construcción de estas centrales está lejos, muy lejos. Urgentemente se debe analizar esta situación y buscar alternativas.
–¿Cuáles son las limitaciones para el país en la intención de atraer inversiones extranjeras con base en nuestra capacidad de producción de energía limpia y barata?
–La ANDE desde hace 10 años ha puesto a disposición de industrias electrointensivas un bloque de 240 MW de potencia con unas tarifas muy atractivas, con la condición de que estas industrias desconecten gran parte de su carga en el horario de máxima demanda.
De varias empresas interesadas entiendo que dos se han instalado y hoy solo una está funcionando, existiendo aún una potencia disponible de en torno a 200 MW. O sea, no tuvo mucho éxito el plan de atraer industrias con este ofrecimiento. Siendo nuestro país el que tiene menor presión impositiva en la región, que cuenta además con mano de obra de bajo costo, con ofertas interesantes y a precios razonables de energía eléctrica, solo ha logrado la instalación de industrias dedicadas a la maquila, que en general consumen poca energía eléctrica.
En los últimos meses he estado colaborando con una empresa extranjera interesada en instalarse en el país, el proyecto no superó el estudio de factibilidad técnico-económica por el alto costo del transporte fluvial hasta puertos de ultramar.
Evidentemente, nuestra mediterraneidad es otro factor que de alguna manera impiden la radicación de industrias.
Entrevista a ángel maría recalde, experto en energía
Perfil
Ángel María Recalde es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con título de Ingeniero Electricista. Ha realizado diferentes cursos de especialización en el país y en el exterior. Se desempeñó en la ANDE, Petropar y Yacyretá, entre otros. También cuenta con experiencia en el sector privado.
En el país todos estamos convencidos de que vamos a disponer de abundante energía eléctrica de por vida y, lastimosamente no es así (...) Urgentemente se debe analizar esta situación.
La energía eléctrica es el bien más preciado que tenemos hasta hoy los paraguayos, pero, inexplicablemente, no se le da la importancia que tiene. Se requiere que el sector energético cuente con un órgano rector.
Existen factores que le quitan prioridad al tema (Anexo C), como la pandemia instalada hace más de un año. Pero tal vez el motivo más importante es que el actual Gobierno ha perdido toda credibilidad.
