EFE
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, la propuesta presentada por el ministerio estadounidense ascendía a 600 millones de dólares, una cifra considerada excesiva por la Administración que dirige el presidente de EE.UU., Barack Obama.
De estos 600 millones para cerrar la polémica cárcel, 350 millones habrían ido destinados a la construcción de un nuevo penal en territorio estadounidense al que trasladar a los presos considerados de mayor riesgo, según indicaron altos funcionarios de Defensa al rotativo.
El rechazo al plan presentado por el Departamento de Defensa supone un nuevo escollo para una de las prioridades de Obama antes de que el año que viene termine su mandato, el cierre de Guantánamo, una promesa que ya hizo en su primera campaña electoral hacia la Presidencia en 2008.
Sin embargo, su intención se ha topado desde el principio con la oposición del Congreso, especialmente entre los republicanos, que rechazan la transferencia de los presos a cárceles dentro de EE.UU.
El coste anual de operar Guantánamo, donde permanecen 107 presos, es de 400 millones de dólares, mientras que el de la nueva cárcel que el Departamento de Defensa propone construir en suelo estadounidense sería de 300 millones (más el coste inicial de 350 millones para su construcción).
EL pasado 25 de noviembre, Obama firmó una ley de presupuesto para Defensa de más de 600.000 millones de dólares, pese a que contiene restricciones a la transferencia de presos de Guantánamo a territorio estadounidense, lo que ya obstaculizó directamente su objetivo de cerrar la cárcel.
En un comunicado, Obama explicó su decisión de firmar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) porque incluye “beneficios vitales para el personal militar y sus familias”, y contiene “autoridades para facilitar las operaciones en curso en todo el mundo”.
Pero las “restricciones contenidas en esta ley referentes a la cárcel de Guantánamo son, como he dicho en el pasado, injustificadas y contraproducentes”, remarcó Obama.
La cárcel de Guantánamo llegó a albergar a unos 800 presos poco después de su apertura, ordenada por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
