Editorial

Gobierno debe impedir que la delincuencia siga creciendo

La ola de delincuencia, con características violentas, sacude al país a diario sin que las autoridades ofrezcan explicaciones ni expongan algún plan de emergencia que logre dar a la ciudadanía un atisbo de tranquilidad y seguridad. Asaltos con toma de rehenes, acciones agresivas por parte de motochorros que asaltan a niños que juegan en las veredas y asolan los barrios, donde los vecinos no tienen otra alternativa que permanecer encerrados en sus casas. Es imperativo que el Gobierno reaccione y articule las soluciones.

En la actual situación que estamos viviendo los paraguayos, en medio de una crisis económica caracterizada por una inflación que afecta particularmente a los más pobres, y apenas superada una pandemia que sin dudas dejó profundas secuelas en diversos niveles en la vida de la población, se suma la peligrosa normalización de las distintas manifestaciones de la delincuencia y sus acciones agresivas en contra de la ciudadanía.

Recientemente, en la ciudad de Luque, cercana a la capital del país, un grupo de delincuentes irrumpieron en una vivienda y tomaron de rehenes a toda una familia. El botín consistió en cerca de G. 100 millones, joyas y celulares y, para conseguirlo, las víctimas fueron maniatadas.

En otra ciudad del Departamento Central, en el barrio San Ramón de Capiatá, los vecinos relatan cansados las experiencias de inseguridad que sufren en la zona, que prácticamente los obliga a vivir encerrados en sus casas debido a los constantes atracos perpetrados por los motochorros. Explican los pobladores que en el barrio cuentan entre cuatro y cinco asaltos por día. “El barrio se ha convertido en una zona liberada, ni a la despensa podés ir tranquila. Los motochorros atacan a cualquier hora”, se quejaba una de las vecinas. Y otra confesaba en una entrevista que tiene que volver a su casa corriendo luego de ir a la despensa, a plena luz del día: “Fui a la despensa a las 08:00 de la mañana a comprar queso Paraguay y cuando volvía me crucé con un tipo en una moto. Él vio que tenía mi celular y dio la vuelta para venir hacia mí. Corrí por más de una cuadra hasta llegar a mí casa. El tipo dejó de seguirme cuando entré a la casa”.

Asimismo se suceden en el país, en todos los rincones de nuestra geografía, hechos delictivos. Muertos, heridos de bala, víctimas de motochorros que con frecuencia no solamente asaltan a las personas en la vía pública, sino que ya tienen el desparpajo y actúan con absoluta impunidad ingresando en las casas, cuando ven a los vecinos sentados en sus patios tomando tereré.

Las víctimas de la violencia y la enorme agresividad ejercida por los delincuentes padecen diversas secuelas; traumas sicológicos, heridas leves o graves y a veces la muerte son consecuencias de los maleantes, y es la situación extrema a la que se exponen a diario las personas ante la ola de delincuencia que crece sin parar y sin que la policía reaccione.

Como consecuencia, no solamente se ha ido normalizando el estado de inseguridad y de violencia al que los ciudadanos viven expuestos.

Estamos viviendo todos, en mayor o menor medida, situaciones extremas que causan un enorme estrés a la población, pues cada uno sabe que sin dudas en algún momento la violencia puede llamar a la puerta de la casa, o puede alcanzarlo en la parada del ómnibus, en la despensa, en una tienda o cuando comparte una ronda de tereré con los vecinos.

Vivimos en una sociedad que tiene una única certeza: y es que estamos expuestos a la violencia de los criminales, que tienen asegurada total impunidad.

Por el lado de la Policía no hay reacciones y el Gobierno no muestra preocupación alguna por la calidad de vida que ha ido perdiendo la ciudadanía, la que para preservar su vida debe optar, si es que puede, permanecer encerrada en su vivienda.

Como sociedad corremos el riesgo de perder la sensibilidad y la empatía hacia los demás, al ir normalizando la delincuencia y la violencia como parte de nuestra cotidianidad; y es absolutamente inaceptable que los que nos gobiernan se mantengan impasibles ante esta problemática.

Los paraguayos y las paraguayas tienen derecho a vivir en un ambiente seguro.

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