Por un lado, una resolución firmada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, ordena “la cancelación de personalidad jurídica y registro” a 13 oenegés “por estar en incumplimiento” de sus obligaciones legales.
Otra resolución, también firmada por Coronel, formaliza “por disolución voluntaria la cancelación de personalidad jurídica y registro” de otras dos organizaciones, entre ellas Plan Internacional, dedicada a la defensa de los derechos de los menores.
El gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció este año las leyes contra las oenegés y estableció que solo pueden trabajar en Nicaragua en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Entre la quincena de oenegés cerradas también hay algunas educativas, de salud y comunitarias.
5.600 CANCELACIONES. Según un del Colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio, el gobierno de Ortega ha cancelado desde 2018 casi 5.600 oenegés. De ellas más de 1.235 eran religiosas.
El gobierno argumentó que estas organizaciones no presentaron sus estados financieros, y les expropió sus bienes. Ortega, ex guerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está nuevamente en el poder desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyaron las protestas antigubernamentales en 2018, que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Las protestas de 2018 dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y miles de exiliados.
Esta semana, el gobierno de Ortega expulsó a Guatemala al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Es el tercer obispo católico expulsado del país.
