''Desde hace meses hemos detectado que las FARC han tomado a Cali como una especie de objetivo militar’’, dijo el martes el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, quien señaló que la guerrilla es la principal sospechosa de instalar un carro-bomba con más de 50 kilos de explosivos que dejó un muerto, 34 heridos y vasta destrucción material.
Agregó que la expectativa de un eventual despeje militar de Florida y Pradera, municipios cercanos a Cali, que demandan los rebeldes para negociar el intercambio de decenas de secuestrados por guerrilleros presos, es el motivo por el cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han movilizado sus milicianos a la ciudad para ejecutar ataques.
El atentado del lunes redujo a escombros la sede de la policía de Cali, la tercera ciudad de Colombia, con unos dos millones de habitantes y que fue escenario el 4 de agosto del año pasado y el 17 de febrero de este año de atentados similares con saldo de cinco policías y tres civiles muertos.
''Se habían tomado medidas muy especiales, pero el terrorismo es así, ataca de manera cruel, aleve, cobarde y sorprendente y el golpe de ayer fue muy grande’’, dijo Holguín a radio Caracol.
También decenas de negocios y residencias quedaron destruidos por la explosión y el gobierno anunció que los damnificados serán indemnizados en Cali, a 300 kilómetros al suroeste de la capital.
El ministro dijo que desde noviembre del año pasado se había reforzado la seguridad en Cali con unos 3.000 policías y militares, medida que fracasó ''frente a la osadía, la audacia y la crueldad del terrorismo’’, de acuerdo con Holguín.
Según el secretario de gobierno de Cali, Miguel Yusti, en la ciudad hay una confluencia de actores de la violencia: la guerrilla, poderosos carteles de la droga y grupos paramilitares que subsisten a pesar de la desmovilización de centenares de combatientes, todos involucrados en el negocio del narcotráfico y a veces enfrentados por el control de las rutas de la cocaína hacia los puertos de embarque en el Pacífico.
''Es la lucha por el poder territorial que les dé acceso al puerto de Buenaventura y a todo el conjunto del Pacífico para el narcotráfico’’, afirmó.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó en un comunicado el ataque en Cali por considerar que ''los actos de terrorismo, independientemente de quiénes sean sus autores y de cuáles sean sus móviles, son injustificables y criminales’’. - (AP)