El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, anunció ayer que la empresa San Agustín renunció a percibir la suma de G. 14.000 millones, monto que el Estado adeudaba por la compra de 5.700 hectáreas en Cordillera (Tobatí). Esta compra se había concretado días previos al pacto político entre el PLRA, entonces partido de gobierno, y el Unace, para las elecciones generales del 2013.
El monto final por el cual se acordó la venta de dicho inmueble, en marzo del 2013, fue de G. 60.294.298.050 y la suma entregada por el Indert fue del 80%, es decir, G. 46.884.846.163.
Según la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que investiga el hecho con la carátula de supuesta sobrefacturación, el valor fiscal de esas propiedades es de G. 1.817.971.200 y no lo acordado por el ente agrario.
Según la investigación, los más de G. 60.000 millones tasados por el Estado era el precio de mercado, lo cual, supuestamente, iba en contra de una resolución de la misma institución agraria.
Precio por hA. El precio que el Indert pagó por hectárea fue de G. 10. 577.947 mientras que la Fiscalía aseguró que solo se debió pagar G. 381.932, que es el valor real y no comercial.
Uno de los accionistas de la empresa San Agustín, Lidio Oviedo, padre del senador oviedista, Jorge Oviedo Matto, envió ayer al ente agrario a su representante legal, Ana María Morel, para anunciar la donación. La abogada hizo un documento a Cárdenas en donde consta la decisión.
En el acto participaron el gobernador de Cordillera, Carlos María López; el intendente municipal de Tobatí, Alberto González, y los representantes campesinos, Alfredo Ayala (colonia Santa Librada), Rody Ortiz (colonia Villa Flor) y Éver Pérez (asentamiento Coronillo), todos ellos apoyando la decisión de la firma San Agustín.
¿Sorpresa? Cárdenas dijo que la decisión de la empresa “representa una grata sorpresa”. “(La donación) va redundar en beneficio de los verdaderos beneficiarios de la reforma agraria, que son los campesinos. Tomo con mucha alegría, porque desde que asumimos la presidencia de la institución, hemos afirmado la imposibilidad de pagar esta suma en virtud de los hechos de público conocimiento”, sostuvo.
Sin embargo, la decisión no fue una “sorpresa” porque desde hace tres semanas el propio presidente Horacio Cartes viene analizando esta situación con la empresa y el titular del Indert, de manera a ver la forma en que iban a dar a conocer a los medios de prensa la resolución final.
Cárdenas agradeció la labor de las autoridades de la zona.
“Ha sido fructífera, en el sentido de haber conseguido esta renuncia por parte de la empresa San Agustín”, añadió.
Al ser consultado si al aceptar la donación no estaba blanqueando lo que para la Fiscalía es considerada como una sobrefacturación, respondió que la institución a su cargo no puede rechazar una donación.
“Yo no puedo definir si fue o no ilegal la compra”, dijo el titular del Indert.
Refirió que el Ministerio Público seguirá la investigación normalmente.