Verónica Serafini Geoghegan *
Algunos hitos al respecto se pueden encontrar en las propuestas del equipo encabezado por Donella Meadows con el informe Los límites del crecimiento, documento encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts por el Club de Roma en 1972. En 1986, Manfred Max Neef propone la idea del desarrollo a escala humana centrado en las necesidades humanas; en 1990, Amartya Sen y Mahbub ul Haq proponen el paradigma del desarrollo humano, impulsado más tarde por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y concretizado en el Índice de Desarrollo Humano.
En el marco de este debate, en 2010, el equipo liderado por Joseph Stiglitz y conformado por importantes académicos como Amartya Sen, Nancy Folbre y Jean-Paul Fitoussi elaboró el Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, a pedido del gobierno francés. En 1968 Bernard van Praag plantea la felicidad como centro de la evaluación del desarrollo, enfoque que terminó plasmándose en el Índice Global de Felicidad
Desde otros espacios se plantearon más perspectivas y cosmovisiones, algunas de las cuales fueron sistematizadas en 1992 y planteadas bajo la idea el Buen vivir. Las mujeres, reunidas alrededor de las ideas de la economía feminista plantean nuevas visiones centradas en la valorización del trabajo no remunerado, invisibilizado por los enfoques centrados en el PIB cuya medición se basa solo en bienes y servicios que se monetizan o se intercambian en el mercado.
Como se puede ver, el crecimiento económico medido por el PIB tiene profundas críticas sustentadas en la realidad de años de evolución positiva a nivel macro, con escasos efectos multiplicadores a nivel micro. Paraguay es un ejemplo más que significativo de este hecho y de la necesidad de cambios estructurales. A continuación se presentan algunos de los desafíos económicos que la gestión de gobierno 2023-2028 deberá abordar si tiene como objetivo poner a las personas y su bienestar en primer lugar y ubicar el país en la senda del desarrollo.
1. Reducir la desigualdad debe estar en el centro de las políticas. Las desigualdades están presentes en todos los ámbitos (ingresos, acceso a servicios públicos, sistema tributario) y en algunos casos es extrema (tierra). Las brechas persisten y se acumulan generando amplios grupos de población excluida de los beneficios del desarrollo. Las mujeres, la juventud, los pueblos indígenas, los estratos de menores ingresos sufren diferentes tipos de violencia derivadas de su desfavorecida posición política, económica y social.
2. Fortalecer la institucionalidad económica para servir al bien común y la garantía de los derechos. No hay cambio posible con un sector público capturado por sectores corporativistas, rentistas y clientelares y centrado en los intereses particulares. Será necesario transformar el marco normativo y muchos instrumentos de gestión pública de manera a eliminar los mecanismos que otorguen un trato diferenciado y privilegiado a sectores minoritarios. La implementación de un servicio civil profesionalizado y su despartidización es impostergable. Sin estos cambios será imposible aspirar a servicios universales y de calidad para la ciudadanía y con un manejo eficiente de los recursos públicos.
3. Universalizar las coberturas de salud y educación con recursos suficientes para garantizar la gratuidad del acceso y la consecuente reducción del gasto de bolsillo y el endeudamiento de los hogares. Paraguay no llega aún a los 12 años promedio de estudios considerados mínimos para dejar la pobreza. El esfuerzo no está solo en la niñez, sino también en alrededor de 1.000.000 de personas jóvenes y adultas que requieren terminar al menos la educación media con aprendizajes significativos para la vida. Ampliar y mejorar la educación superior es condición indispensable para mejorar las capacidades y oportunidades económicas en un contexto de persistencia de la pobreza y de las desigualdades.
La falta de acceso a un sistema universal y gratuito en salud obstaculiza una vida larga y saludable, la reducción de la pobreza y la productividad y, por otro lado, beneficia a sectores que lucran con la enfermedad y la extrema vulnerabilidad y precariedad que se origina cuando en una familia hay una persona enferma.
Invertimos la mitad que el promedio latinoamericano y un tercio de lo que invierten los países que tienen mejores resultados como Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad requieren duplicar la inversión en el mediano plazo, además de mejorar la eficiencia.
4. Avanzar hacia la universalización de servicios públicos que permitan el acceso a energía eléctrica, agua, saneamiento, transporte público, internet de calidad para el consumo de los hogares y para generar un entorno adecuado para la diversificación productiva y el incremento de la productividad y de los ingresos laborales.
5. Avanzar en la instalación del sistema de protección social y cuidado de manera a lograr integralidad y eficiencia en las intervenciones. Las inversiones en el sistema de salud y de educación solo serán eficientes y tendrán todo el impacto posible si las personas y las familias cuentan con un piso mínimo de protección social. La agricultura familiar, las escuelas y la jornada escolar extendida, los municipios y las gobernaciones con la alimentación escolar y la infraestructura, Tekoporá, los programas de vivienda, la atención a la salud desde el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, las jubilaciones y la pensión alimentaria, el cumplimiento de las normas laborales y la política de cuidado deben actuar de manera coordinada y oportuna para proteger a los dos extremos de edad niñez y vejez y asegurar el trabajo decente.
6. Transformar el modelo de crecimiento económico: Una economía concentrada en la producción y exportación de pocos productos, de bajo valor agregado y a pocos mercados es altamente vulnerable a factores exógenos –clima y demanda internacional– y volátil en el mediano y largo plazo, tal como demuestra la evolución del PIB en las últimas dos décadas. Pero más importante que lo anterior es su limitado efecto en la calidad del empleo, en los ingresos laborales y en la producción de alimentos para la población. El 65% de la población ocupada lo hace de manera informal, casi el 70% gana menos que el equivalente a un salario mínimo y apenas un tercio está afiliada a algún mecanismo jubilatorio. La pobreza monetaria se estancó en 25% mientras que alrededor del 40% está por arriba de la línea de pobreza, pero tiene riesgo de caer. Sin una mayor diversificación y complejidad productiva, los empleos continuarán siendo de baja calidad, la inflación de alimentos persistirá y se perderá la oportunidad del bono demográfico y de aprovechar las aspiraciones de las mujeres de insertarse en el mercado laboral y contribuir al desarrollo.
7. Ampliar la cobertura de la seguridad social contributiva y garantizar su sostenibilidad financiera por los próximos 50 años. La baja cobertura actual se debe a múltiples factores que es necesario modificar. En primer lugar, reducir la evasión de quienes están excluidos teniendo el derecho a estar. En segundo lugar, realizar los cambios normativos y crear los incentivos que permitan incorporarse a los colectivos laborales actualmente excluidos como el trabajo por cuenta propia, campesinos, jóvenes trabajadores a tiempo parcial. En tercer lugar, garantizar la completa portabilidad de los fondos y la movilidad entre regímenes para eliminar cualquier posibilidad de pérdida de aportes. Finalmente, es necesario fortalecer la institucionalidad para garantizar el manejo de los fondos de manera transparente, segura, eficiente y rentable a largo plazo. Un gran pacto dialogado y consensuado debe establecerse para generar confianza y acuerdos que beneficien a todos y todas.
8. La sostenibilidad de la deuda no debe darse a costa del bienestar de la mayoría. Los indicadores de la deuda están mostrando riesgos de insostenibilidad desde hace años, demostrado en parte por la necesidad de contraer deuda para pagar deuda. La historia económica nos muestra que la sostenibilidad tiene altos costos para la sociedad ya sea porque se realizan ajustes a costa de las inversiones que necesita la ciudadanía, al aumento de impuestos injustos como el IVA o al traslado del pago de la deuda a las generaciones futuras. Adicionalmente, las obras financiadas con el endeudamiento no tienen necesariamente efectos multiplicadores de amplio alcance en la población. El próximo gobierno no puede recargar el costo de la deuda a la población que no se benefició con la misma y que en su mayoría vive en condiciones precarias o vulnerables.
9. Reasignar recursos y garantizar adquisiciones públicas para beneficio de la población. La política fiscal y el presupuesto público como su principal instrumento deben ser redireccionados al interés público, a garantizar los derechos de las personas y a cumplir el rol redistributivo del Estado. En los últimos años, esta política se ha sesgado peligrosamente hacia intereses particulares, olvidando sus objetivos principales. Esto se puede observar en el incremento del presupuesto en algunos ámbitos, pero sin resultados en la misma medida en el aumento de la cobertura o la calidad (transporte público, Ministerio de Salud e IPS), en la reducción de la inversión en áreas estratégicas para el bienestar y el combate a la inflación (agricultura familiar) y en las adquisiciones públicas sin considerar criterios de racionalidad económica (compra de seguros privados para funcionarios públicos, obras de infraestructura de bajo retorno social).
Las adquisiciones públicas deben contar con un marco regulador general y sectorial que garanticen compras eficientes y de calidad justificadas con criterios técnicos que garanticen efectividad y resultados directos en el bienestar de la población y el crecimiento económico de calidad.
Se deben definir con claridad y con base en el interés nacional, los costos y beneficios y los retornos públicos, la infraestructura que permitirá cambiar el rumbo hacia un crecimiento resiliente a la crisis climática y con mayores y mejores efectos en el mercado laboral y las oportunidades económicas para los trabajadores. Desde hace una década se viene hablando de la necesidad de ampliar infraestructura, el país hizo esfuerzos importantes incluyendo el aumento significativo de la deuda, sin embargo, no se observan resultados en los principales indicadores económicos y laborales.
10. La reforma del sistema tributario. El sistema tributario no solo sirve para recaudar. También es uno de los instrumentos más importantes para redistribuir, sobre todo, en un país tan desigual como el nuestro. Nuestro sistema tributario se sustenta en la recaudación de impuestos indirectos como el IVA cuya incidencia afecta más a quienes tienen menos. Los impuestos a la renta (IRP-IRE) recaudan poco y cuentan con deducciones/exoneraciones que benefician más a quienes tienen más. Los grandes montos de evasión no están en los trabajadores o MPYMES, sino en los “grandes contribuyentes”. Bienes dañinos para la salud y con consecuencias costosas para la salud pública pagan poco como el alcohol, tabaco, bebidas azucaradas o productos con exceso de grasa. El sistema es débil para detectar los grandes problemas, pero fuerte para los pequeños contribuyentes. Construir un sistema justo nos beneficia a todos porque necesitamos pagar la deuda y mejorar la inversión en todos los servicios.
Paraguay tiene todos los recursos que necesita para lograr cambios estructurales en los próximos años. Que la corrupción y el desánimo que generaron la indolencia e indiferencia de políticos, gobernantes y otros sectores de poder no nos paralicen. La esperanza debe impulsarnos a proponer, demandar y presionar por espacios de discusión colectiva y cambios en las políticas y la gestión públicas.
Economista, Investigadora y docente universitaria.
Artículo publicado en la Revista Acción N° 428 - Abril 2023
