Con un fuerte dispositivo policial, se llevó a cabo una jornada de constantes escaramuzas y en simultáneo con el corte administrativo por parte del interventor Pablo Vera Insaurralde, quien aún no entregó la institución, ya que el cierre todavía no se realizó de manera oficial.
Igualmente, Vera Báez se atrincheró en el despacho asegurando que ya retomó el cargo.
Ayer también apareció el concejal departamental liberal Juan Rojas, asegurando que debe asumir como jefe departamental, argumentando que por lo menos temporalmente debe quedarse con la silla del gobernador hasta que la Cámara de Diputados tome una determinación sobre el destino de Juan Carlos Vera; si lo destituyen o no del cargo tras el informe final del interventor, en el cual supuestamente encontraron serias evidencias de despilfarro de unos G. 18.600 millones.
DISCUSIONES. Las fuertes discusiones se dieron cuando el abogado Federico Campos López Moreira, asesor de la Junta Departamental, indicó que Vera Báez no debe asumir el cargo, lamentando que el Ministerio Público no haya ordenado su prisión.
Sus manifestaciones generaron gritos y silbidos por parte del entorno del gobernador que por poco llegó a los golpes.
En un principio, se estimó que al mediodía, Vera Báez reasumiría en el cargo luego del corte administrativo realizado por el interventor Pablo Vera Insaurralde; sin embargo, al no firmar el corte, el interventor se retiró de la sede gubernativa departamental y el jefe departamental se atrincheró en el lugar.
En declaraciones a la prensa, Juan Carlos Vera Báez dijo que no puede firmar el corte administrativo alguno sin antes someter los documentos a un exhaustivo análisis por parte de profesionales contables.
Igualmente, señaló que ya firmó las primeras resoluciones y que desde hoy se reincorpora normalmente a sus funciones.
DENUNCIA. El equipo de asesores jurídicos del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez, denunció al interventor Pablo Vera Insaurralde por el presunto hecho de usurpación de la función pública.
El abogado Rodolfo Mendoza, asesor jurídico del gobernador cartista Juan Carlos Vera Báez, indicó que Pablo Vera Insaurralde se opuso a entregar la institución al gobernador electo, privándolo de sus derechos, pese a que la intervención ya culminó.
Según Mendoza, se ven obligados a utilizar el derecho constitucional para hacer respetar el derecho que le corresponde al gobernador Juan Carlos Vera Báez.
