Arnaldo Giuzzio, titular de la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) por el Covid-19, informó ayer que el grupo a su cargo se encuentra al día en lo que respecta a los estudios realizados sobre las solicitudes de compra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en el marco de la emergencia sanitaria.
Actualmente, se están llevando adelante 21 llamados, en diferentes etapas, según confirmó Giuzzio en una comunicación con Última Hora. Asimismo, a través de sus redes sociales, el también ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) explicó que para estos procesos se apeló a métodos de adquisición “alternativos” -entre los que aparecen los organismos internacionales, la tienda virtual y el denominado acuerdo nacional- y que el monto invertido ascendería a USD 106 millones.
PROCEDIMIENTOS VICIADOS
En junio pasado, Arnaldo Giuzzio había dado a conocer públicamente las conclusiones de la revisión de la CESC sobre 32 llamados por vía de la excepción que realizó en su momento el Ministerio de Salud por la pandemia. Todos los procesos se vieron afectados por irregularidades administrativas “secuenciales y permanentes” e incluso hubo indicios de que las licitaciones estaban siendo direccionadas, según la evaluación del grupo especial.
Finalmente, 10 procedimientos acabaron siendo cancelados y dos contratos quedaron sin efecto (uno suspendido y otro rescindido), mientras que otros seis acuerdos firmados pasaron a ser objeto de análisis por parte de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (Dggies), según lo que fue informado ayer.
POLÉMICA CON LOS FERREIRA
La detección de diferentes tipos de irregularidades en los procesos de compra de la cartera sanitaria empañó el trabajo realizado en la crisis. El caso más polémico fue el de la compra de insumos y de camas, que tuvo como adjudicadas a las empresas del clan Ferreira, Imedic y Eurotec. Se acabó rescindiendo totalmente el contrato con las mismas, luego de determinarse el incumplimiento de las proveedoras.
Estas empresas, además, pasaron a estar en la mira de diferentes entidades de control. La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hallaron indicios de colusión entre estas dos compañías.
DECISIÓN POSTERIOR
Luego del escándalo, el Gobierno decidió que las intenciones de compra relacionadas con los fondos de la conocida como Ley de Emergencia, por parte de Salud, sean puestas a consideración de la CESC, estableciendo la necesidad de contar con el visto bueno correspondiente como requisito para seguir con los procedimientos de adquisición.
La determinación también afecta a los procesos encarados a través de los organismos externos, que suman seis hasta el momento. Vale recordar que este tipo de operaciones no se rigen por lo que dice la Ley de Contrataciones Públicas.