Por estos días resurge el debate sobre el genocidio de los indígenas aché ocurrido en las décadas del 60 y 70 bajo la dictadura de Stroessner (1954-1989). Un tema que hace foco en una etapa de la historia más sangrienta del país, que, sin embargo, requiere de una mirada en perspectiva para entender que esa matanza –la de los pueblos originarios, en genérico– sigue produciéndose sistemática y progresivamente de la mano del Estado, de los gobiernos de turno y de las corporaciones del agronegocio.
Sin excepción, las poblaciones indígenas que viven en la geografía denominada Paraguay fueron/son víctimas de la persecución, la matanza, la obliteración, el aculturamiento, saqueo, etc., desde la llegada de los españoles a estas latitudes hace casi 500 años.
Mucho antes de la sedentarización (palabra en apariencia inofensiva para encubrir un asesinato masivo) de los aché, que ya tiene sus conatos hacia 1910 aproximadamente, y con más violencia hace unos 40 años, los demás pueblos Avá guaraní, Guaraní ñandéva, Mbyá, Guaraní occidental, Paí tavyterá, Nivaclé, Maká, Manjui, Ayoreo, Ybytoso, Tomaraho, Enlhet, Enxet, Angaité, Sanapaná, Guaná, Maskoy, Toba (o Qom), sufrieron la misma desgracia y expoliación. Bajo el discurso del progreso, fueron sistemáticamente despojados, por los gobiernos y sus cómplices privados, de sus tierras, sus riquezas naturales y su cultura. Más allá de cualquier disquisición que suelen sostener antropólogos y otros menesterosos, ese proceso que hasta la fecha sigue ejecutándose, como lo demuestran fehacientemente los últimos casos como el de Sawoyhamaxa o la comunidad Ava de Y’apo, es un paulatino genocidio, porque el genocidio cultural es uno de los peores asesinos de poblaciones humanas. Cuando la vida depende de la tierra y el territorio, cuando la cultura no existe sin esos elementos, cuando no es posible pensar un mundo sin tenerlo, ni referenciarlo porque ya no hay lengua ni qué significar, es cuando la desaparición se torna inminente. Los indígenas siguen siendo asesinados de una u otra manera.
Por este y otros tantos motivos, los pueblos indígenas supervivientes –a pesar de los “blancos”, salvando las excepciones– tendrán que reclamar justicia, castigo y restitución.
Sus tierras/territorios convertidos en reservas privadas o sojales para resguardar y sostener el modelo agroexportador/destructivo, tienen que ser devueltos; y los culpables de su envenenamiento y muerte por fumigación, represión o expulsión, juzgados, condenados y encarcelados.
Será justicia.