No es para menos. En los últimos cinco años, los gastos sociales de Itaipú totalizaron un monto superior a USD 460 millones y solo en el 2020 alcanzaron un monto de USD 118 millones, gracias a los ahorros generados por la política de austeridad implementados, que fueron redireccionados a apoyar los esfuerzos del Gobierno para enfrentar los efectos del coronavirus. Para el año 2021, está prevista la ejecución de un monto similar.
Los principales rubros en los que se utilizaron los USD 460 millones gastados en el último quinquenio son: los programas permanentes encarados por la entidad como la Fundación Tesãi (Salud), el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) y el Programa de Becas para jóvenes universitarios, que en conjunto representaron un 23% del total; el 35% en inversiones en obras de infraestructura (viales, eléctricas, civiles, etc.); otro 20% en programas de asistencia social y desarrollo rural; un 13% en gastos en salud y educación; y el 9% restante en otros gastos ambientales y sociales.
Para un país con tantas necesidades de infraestructura y de servicios públicos básicos, es necesario valorar adecuadamente la importancia de estos recursos adicionales que provienen de Itaipú. El problema es quién debería asignarlos, con qué prioridades y quién debería ejecutar los proyectos. Hasta ahora, su asignación ha sido discrecional de los gobiernos de turno, con insuficiente transparencia en los criterios de selección de proyectos, y ha sido ejecutada por la estructura y según las reglas internas de Itaipú. Por su importancia, es necesario integrar la administración de estos recursos con los demás programas encarados por el Estado, ya sean con recursos tributarios, de deuda o provenientes de otros donantes y cooperantes, de tal manera a que se complementen y así optimizar los resultados en las distintas áreas de aplicación como salud, educación, vivienda, infraestructura básica, programas de asistencia social, etc., al mismo tiempo de mejorar la transparencia en su utilización.
En este sentido, a corto plazo y hasta la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, el Poder Ejecutivo debería reglamentar una política de asignación con criterios de selección de proyectos y prioridades basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país, e instruir la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Hacienda y la Itaipú Binacional para la transferencia de los fondos a cuentas especiales del Tesoro y transferir la ejecución de los proyectos a las entidades públicas responsables de cada área, en línea con lo aprobado en la Ley de Presupuesto para el presente año. Los proyectos en ejecución deberían continuar en las condiciones actuales hasta su finalización.
A mediano plazo, la Itaipú Binacional debería focalizar sus esfuerzos y alinear su estructura para seguir generando energía de calidad al menor costo posible, al mismo tiempo de realizar las inversiones necesarias para mantener la fuente productora y en tecnología de punta que mejore su productividad y eficiencia en la generación. Este es su aporte fundamental e insustituible al desarrollo de paraguayos y brasileños. Los gastos sociales deben pasar a formar parte de la renta energética que será negociada en el nuevo Anexo C del Tratado, según la tarifa que se acuerde para la energía.
Agregarle otras funciones a la Itaipú la desenfoca de su misión fundamental, desnaturaliza a la empresa y, considerando el importante tamaño relativo que tiene en nuestro país, su administración se irá politizando cada vez más. Esto sería un grave error. Es fundamental un acuerdo político sobre este punto para proteger la empresa de los vaivenes políticos internos y mantener una administración técnica y profesional en el futuro.
