Editorial

Funcionarios con privilegios, pero ofrecen mal servicio a ciudadanía

Varios gremios de funcionarios públicos están en pie de guerra, debido a la presión que recibe el Ministerio de Hacienda por parte de la sociedad de racionalizar los gastos en recursos humanos. La situación es insostenible, debido a los malos servicios que recibe la ciudadanía, que a su vez financia con impuestos y tarifas un servicio civil de baja calidad. Funcionarios públicos y autoridades deben proponer un plan de racionalización que incluya mecanismos meritocráticos de acceso y permanencia, fin del clientelismo y de la impunidad en los casos de corrupción y evaluaciones periódicas individuales y colectivas de la gestión.

La vigencia de una carrera del servicio civil contribuirá a mejorar la calidad de los servicios públicos, una aspiración frustrada que hace altamente legítima la presión ciudadana y la intervención del Ministerio de Hacienda.

Es más que sabido que los salarios y la mayoría de los beneficios adicionales de los que gozan los funcionarios no están vinculados a sus credenciales educativas, competencias y responsabilidades, o a sus resultados. El sector público no cuenta con mecanismos de acceso al sector institucionalizado y reglas claras que garanticen simetría de información e igualdad de oportunidades.

El ingreso por la vía de un contacto o inclusive heredando el cargo es ampliamente conocido y de larga data. Los pocos casos en que existen mecanismos para el ascenso, son casi inerciales, tarde o temprano se puede llegar a los lugares más cercanos a los niveles superiores, salvo algunas pocas excepciones vinculadas a escándalos de corrupción. La mayor parte de los funcionarios terminan jubilándose, pudiendo no haber tenido resultados durante su gestión e incluso con sospechas de corrupción.

El desorden es tan importante que funcionarios con similares niveles educativos, carga horaria y responsabilidades pueden tener diferencias salariales y de beneficios de hasta 10 veces en sus remuneraciones totales. Solo ese indicador ya está señalando que la estructura de pagos y el sistema de incentivo no son los adecuados.

La debilidad institucional para establecer objetivos y metas claras es una de las causas de la pésima calidad de los servicios públicos, trasladando sus efectos perversos a la gestión de los recursos humanos. Da lo mismo hacer bien o mal el trabajo, no tener resultados, rotar de un cargo a otro sin dejar ningún legado. El salario y los demás beneficios se otorgan a todos por igual. La situación está tan pervertida que algunas instituciones pagan por tener título, por asistencia o por no tomar vacaciones en lugar de premiar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El derecho a la seguridad social también está desvirtuado. Nadie negaría la obligación del Estado de otorgar a sus trabajadores los beneficios de un seguro de salud y de jubilación. Sin embargo, el Estado está dilapidando recursos en seguros privados cuando debería estar fortaleciendo al Instituto de Previsión Social (IPS); mientras que una parte importante de las jubilaciones de funcionarios están siendo financiadas con impuestos de personas que no trabajan en el aparato estatal y que probablemente jamás se jubilarán y no con el aporte solidario del sector.

Una asignación inadecuada de recursos públicos al financiamiento de los funcionarios estatales tiene consecuencias que van más allá de la proporción destinada a servicios personales en comparación con el destinado a inversión. Un sector público que no cuenta con carrera de servicio civil irremediablemente acabará financiando salarios y otros beneficios que no corresponden generando deslegitimidad ciudadana, mala calidad de los servicios públicos y conflictos sociales.

El Gobierno debe ser capaz de negociar un plan de racionalización de largo plazo que incorpore una mayor justicia en el sistema de remuneraciones, que impulse incentivos positivos y se vincule a mejoras en la gestión.

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