Tras medio día de huelga, los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) consiguieron un acuerdo con la entidad eléctrica y el Ministerio de Hacienda para que dentro del PGN 2020 unos G. 30.600 millones puedan ser utilizados para financiar recategorizaciones. Los huelguistas se anticiparon a la jugada: como estaba previsto que el Senado rechace el aumento general del 7,3% aprobado por Diputados, lo que significaba prácticamente la defunción de tal reajuste, mediante la medida de fuerza consiguieron mantener el plan de gastos de la entidad especialmente en lo que respecta a salarios.
Pero esta no es la primera victoria de estos funcionarios. De acuerdo con datos a los que accedió Última Hora y que fueron publicados en su edición impresa de los días 29 de noviembre (www.ultimahora.com /c2857231) y 30 de noviembre (www.ultimahora.com/c2857437), el plantel de la empresa pública tiene una serie de privilegios, al menos, envidiables.
Es así que un lector de medidores, de un sueldo básico de G. 3,1 millones, con los beneficios que le otorga el Estado termina triplicando esa remuneración. Por citar solo algunos de esos beneficios, están la ayuda alimenticia, el bono familiar, el doble aguinaldo y hasta un premio por gestión y distribución de facturas.
Otro de los polémicos casos involucra a un asistente de suministro, cuya remuneración total llega a los G. 21 millones. Entre los beneficios que recibe esta persona está el objeto de gastos denominado personal prevenido, que consiste básicamente en estar disponible todo el día en caso de llamadas de urgencias. Si nunca se realiza esa llamada de urgencia, este funcionario igual se embolsa este pago, que ronda los G. 1.000.000. Este asistente, al igual incluso que algunos sindicalistas de la ANDE, gana casi lo mismo que un ministro del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso es, en promedio, de unos G. 24 millones.
Por el otro extremo se encuentran los docentes y médicos. Los maestros, sobre quienes recae la compleja tarea de formación integral de los niños y jóvenes, reciben un promedio de G. 2.600.000 por turno; mientras que un profesional de blanco, quien debe tomar a diario difíciles decisiones sobre la salud de la gente, gana en promedio unos G. 5.000.000 por vínculo.
Numerosos estudios nos ha dicho que el sistema tributario es uno de los pilares del Estado, ya que permite cubrir las necesidades básicas de la población. No menos cierto es que es vital que los recursos generados por el sistema tributario sean destinados cada vez en mayor medida a la educación y la salud, de modo a consolidar el crecimiento y el desarrollo del país.
Es imperante que alguien tome cartas en el asunto y lleve adelante la tarea de establecer un plan serio de ingreso, promoción y carrera en el sector público, que priorice el merecimiento antes que el populismo y el prebendarismo. La Comisión del Gasto que creó el Gobierno hace más de un año generó buenas expectativas, pero hasta ahora no ha tenido grandes resultados en cuanto a revertir estas desigualdades dentro del aparato público.
Las familias que todos los meses hacen hasta lo imposible para pagar su consumo de luz y cumplir con el Estado necesitan que la ANDE deje de priorizar salarios y centre su mirada en el paupérrimo sistema de energía eléctrica.
Es absurdo que una empresa ineficiente, y que subsiste solo porque la gente no puede vivir sin energía, siga derrochando siderales sumas de dinero público en beneficio de unos pocos, mientras una mayoría debe soportar sucesivos y masivos cortes cada vez que sube la temperatura o llueve.
