20 abr. 2024

Funcionarios de Industria perciben millonarios salarios y beneficios

Altos costos de residencia fuera del país paga el Estado por cargos de confianza, que llegan incluso hasta G. 90 millones, superando ampliamente los ingresos de autoridades de la República.

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Millonarios pagos realiza el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a funcionarios que se desempeñan como agregados comerciales, que son cargos que fueron creados en 2010, con el objetivo de atraer inversiones al Paraguay, y tienen enormes costos en concepto de gastos de residencia.

Una de las más destacadas es la remuneración que recibe la funcionaria Vanessa Joana Chuang Portillo, agregada comercial en Italia, que en noviembre pasado llegó a cobrar como gasto de residencia G. 88.997.716, más un sueldo de G. 23.688.085 y gasto de representación de G. 12.835.877, totalizando G. 125.521.678.

Figura en un informe del Ministerio de Hacienda que fue entregado a la Cámara de Diputados en el marco del debate de recorte de gastos superfluos, y se contempla que seis funcionarios del MIC recibieron en noviembre del 2019 ingresos, como sueldos y adicionales, superiores al del presidente de la República, basándose en el salario de G. 33.000.000 del mandatario, sin tener en cuenta el monto de gastos de representación de G. 4.908.80 para este máximo cargo, que ostenta actualmente Mario Abdo Benítez.

Además de Chuang, otra designada como agregada es María Luisa Beatriz Almeida Maffiodo, de España, que en noviembre cobró un total de G. 93.349.874.

También Zaide Macarena Barboza López, agregada comercial en Taiwán, que percibió en ese mes G. 83.152.494. Su principal tarea es potenciar el comercio de la carne, arroz y azúcar.

Mientras que José Sebastián Bogado Amarilla, agregado comercial en Brasil, cobró un total G. 82.820.684, y Jhonny Arnulfo Ojeda Velazco, agregado comercial en Argentina, G. 76.409.394. Este último además fue viceministro de Industria entre 2006 y 2007.

El último de la lista de altas remuneraciones fue el director general de Firma Digital y Comercio Electrónico, Lucas Atilio Sotomayor Llano, que trabaja en el país. En noviembre cobró G. 34.587.298, que incluyó pasajes y viáticos.

El proyecto de ley de recorte de gastos superfluos que fue aprobado en Diputados y remitido al Senado elimina todos los rubros considerados innecesarios.

En el texto original, presentado por el senador Sergio Godoy, se establecía que solo se podrían realizar dos viajes al año, pero la Cámara Baja decidió no regular este punto si mantener la regla actual que no pone límites.

Se define también que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República, aunque también en Diputados, por votos colorados y parte de liberales, se decidió excluir a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que podrán mantener sus privilegios. También se excluyó a los que prestan servicio en el exterior.

Legisladores y ministros electorales también figuran entre los altos salarios.

La función pública tiene alrededor de 300.000 funcionarios.

El ministro de Hacienda, Benigno López, informó sobre el estimativo de ahorro para el Estado si es que se llegaban a realizar los recortes como se determinaba en el proyecto original y habló de un monto anual de USD 10 millones. Especificó que el impacto será de USD 167.000 si se cortan salarios; USD 395.000 en seguro médico de autoridades; USD 123.000 en cátering; USD 227.000 en arreglos florales; USD 1.120.000 en publicidad, USD 2.600.000 en viajes y USD 5.600.000 en los incentivos para la recaudación que implica pago de multas.

Los adicionales al salario son el secreto para abultar las remuneraciones de los funcionarios, con altas sumas, como remuneración extraordinaria, remuneración adicional, bonificaciones, gastos de representación, subsidio familiar y viáticos, además del salario nominal.

El proyecto aprobado elimina los seguros médicos para altas autoridades; cupos de combustible, no obstante, se seguirán otorgando estos para su utilización para desplazamientos derivados del cargo; planes de telefonía, exceptuando los corporativos para el personal que cumpla tareas externas; alimentos, arreglos, tarjetas, obsequios y otros; publicidad estatal en medios masivos, excepto en caso de emergencias, epidemias, campañas, edictos, licitaciones, salud, educación, elecciones, turismo, entre otros; remuneración por presentismo y, finalmente, publicidad de la autoridad en las obras públicas, cuyas placas solo deberán detallar que fueron hechas por el Estado.

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