Explicó que se puede aprovechar la intención de reforma del Estado para establecer, norma mediante, que los altos cargos sean desempeñados con exclusividad, así como ocurre con el Ejecutivo (ni el presidente ni el vicepresidente pueden desempeñar otro cargo o realizar otro trabajo), o legisladores y ministros de la Corte (además de ser parlamentarios o magistrados, solamente pueden trabajar como docentes a tiempo parcial).
Estigarribia también cuestionó los vacíos y las lagunas legales que hoy favorecen licencias para alcanzar sumas astronómicas siendo al mismo tiempo altos funcionarios y trabajadores particulares.
Se preguntó además qué hace la Contraloría General de la República (CGR) al recibir las declaraciones de estos empleados públicos, porque debería cruzar los datos, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, para corroborar la veracidad de los documentos y, en caso de hallar irregularidades, remitir los antecedentes a la Fiscalía.
“Lo ideal es que los altos funcionarios desempeñen sus cargos con exclusividad. Puede definirse por ley eso. En la Constitución no está definido”, señaló el jurista.
Indicó que en los casos de los demás funcionarios hay que examinar la ley de la función pública, ver si las instituciones tienen una Carta Orgánica o ley especial.
Reiteró que lo ideal es establecer una norma jurídica genérica, por ejemplo, incorporar un artículo a la ley de la función pública que establezca que todos los directores, presidentes, autoridades de entes realicen su función para el Estado con exclusividad.
ESCÁNDALO. Cuando la CGR publicó las declaraciones juradas de varias autoridades de instituciones vinculadas al combate a la pandemia de Covid-19, se reveló que Patricia Samudio (ex titular de Petropar) y Andrés Gubetich (presidente de IPS), ambos abogados, están ganando más de G. 250 millones en actividades particulares, y la pregunta que surge es cómo pueden concentrarse en cargos de alta responsabilidad en el Estado si siguen lucrando privadamente.
“Acá estamos ante la presencia de vacíos legales que permiten demasiadas licencias a los funcionarios públicos, y a su vez eso genera licencias institucionales, y es un factor generador de la legitimación de la corrupción”, afirmó.
“¿Quién gana G. 250 millones al mes?, es imposible”, indicó el constitucionalista.