Un funcionario judicial tramitó un juicio civil, con un poder para representar a varias personas, pese a la prohibición legal, y retiró cheques por unos 1.170 millones de guaraníes.
La denuncia del hecho lo hizo el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, ante el pleno del Máximo Tribunal, durante su sesión de ayer.
El ministro recordó la prohibición legal del artículo 97 del Código de Organización Judicial que prohíbe a los funcionarios tramitar juicios a los funcionarios del Estado, del Poder Judicial, a más de los militares y policías activos.
Jiménez señaló que además de los funcionarios judiciales, varios empleados estatales también ejercen la abogacía, por lo que sugirió que se les bloqueara la matrícula para que no intervengan en los juicios.
Sin embargo, la resolución se iba a tomar recién en otra sesión del pleno de la Corte Suprema.
DENUNCIA. Marta Sosa Heisele, directora de la Contaduría de Tribunales, explicó que ellos se percataron de que el abogado era un funcionario judicial del área jurisdiccional, que ya pasó por varios fueros. Aseguró que el mismo incluso intervino en el juicio, con un poder habilitante, para representar a varias personas, y que llegó a la conclusión del juicio.
A raíz de ello, refirió que el mismo retiró cuatro cheques, dos de unos 500 millones de guaraníes cada uno, otro de 100 millones de guaraníes y uno último de 70 millones de guaraníes.
Explicó que en total, fueron unos 1.170 millones de guaraníes aproximadamente los cheques judiciales que logró retirar para sus representados, por orden del juez de la causa.
No obstante, por la prohibición legal de ejercer la profesión, no podía hacerlo, remarcó la directora.
Indicó que ahora harían un cruzamiento de datos, con el fin de evitar que se repita esta situación. Sugieren el bloqueo de la matrícula, de modo que no pueda pagar tasas o intervenir en juicios.
Por otro lado, remarcó que también hay varios abogados que son funcionarios públicos, pero de otros poderes del Estado, que también ejercen la profesión de abogados, lo cual está prohibido.
Algunos abogados señalan que el juicio que realizó el abogado susodicho, que es funcionario judicial, es nulo, ya que no estaba habilitado para ejercer la profesión.
La Corte decidirá lo que se hará con el funcionario, si va a ser o no objeto de un sumario administrativo, ya que ejerció ilegalmente la profesión en los tribunales en una causa privada.
