02 mar. 2026

Funcionario planteó amparo contra medida de suspensión en IPS

28731214

Sin empleo. Guillermo Preda (der) durante el tiempo que estuvo en la Seprelad.

ARCHIVO

El abogado Guillermo Preda promovió un amparo constitucional contra su suspensión sin goce de sueldo en el Instituto de Previsión Social.
Se alega violación de la presunción de inocencia y al derecho al trabajo.

El profesional fue imputado por revelación de secretos de servicio en la causa que involucra al ex presidente Mario Abdo Benítez.

Preda solicitó al Juzgado que pueda ser repuesto en el cargo y el pago de sus salarios caídos.

El pedido de amparo constitucional fue formalizado a través de su abogado Jorge Rolón Luna.

La acción apunta a la Resolución CA Nº 035002/24 del pasado 23 de mayo de 2024, cuando fue suspendido sin goce de sueldo.

El hecho ocurrió luego de que el funcionario haya realizado la denuncia de operaciones de lavado de dinero contra el ex presidente Horacio Cartes. Fue en el tiempo en que Preda formaba parte de la Secretaría de Prevención contra Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El abogado de Preda había señalado que la sanción forma parte de una venganza por informar de actividades ilícitas que violan la Constitución, el derecho internacional y otros secretos que rigen la normativa de los funcionarios públicos.

MEDIDA DE URGENCIA. Preda solicitó mediante su abogado una medida cautelar de urgencia para la suspensión de los efectos de la mencionada resolución.

“Estamos ante un caso en el que se me suspendió sin goce de sueldo con todas las violaciones que dicha medida trajo aparejadas, por el mero hecho de estar imputado (situación procesal que no derrumba la presunción de inocencia)”, apunta. Agregó que se le negó acceso a la documentación relativa al caso, tanto antes, durante como después de su tratamiento a punto de haberse rechazado una solicitud de acceso a la información pública. Agregó que se ha orientado este proceso administrativo sobre la base de información falsa. “Siendo que la DJ afirmó que me encontraba con medidas restrictivas de mi libertad. Sostuvo que a medida que pasa el tiempo, implica la consolidación de daños graves.

LA CIFRA <br/>17 años de antigüedad alega tener Guillermo Preda como funcionario en el IPS. Ingresó en el 2004 y fue nombrado en el 2006.

Más contenido de esta sección
Tres concejales de Cambyretá, Itapúa, que fueron removidos en una sesión extraordinaria, supuestamente en maniobra para que otros ediles afines al cartismo le aprueben la rendición de cuentas al intendente Jaime Hinterleitner, denunciaron la usurpación de sus cargos y señalaron al actual titular de la Junta Municipal como instigador.
La senadora liberal Celeste Amarilla advirtió a Miguel Prieto, quien busca llegar a la Presidencia de la República, que si ignora al PLRA antes o después de las elecciones que el PLRA incurrirá en la repartija de los votos con los colorados en el día D o bien, reunirá los votos en el Congreso para una eventual destitución.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) no encontró respuestas de por qué se decidió tercerizar el servicio de lavandería del IPS en vez de fortalecer la que existe en el Hospital Central y, sobre todo, por qué no se subían a la web de Contrataciones Públicas las licitaciones. “Tienen que salir todos, ninguno sirve”, dijo la legisladora sobre las autoridades.
El proyecto busca crear un fondo especial de aproximadamente USD 30 millones anuales para revertir el desbalance entre la población residente y los más de un millón de ciudadanos que ingresan diariamente a la capital.
Para líder la bancada cartista, el senador Natalicio Chase, Horacio Cartes es un actor irreemplazable y un punto de equilibrio en la política paraguaya. Confesó que el movimiento oficialista ni siquiera revisó el estatuto para considerar “una sucesión” en la ANR.
El jefe de Gabinete de la ANR, Eduardo González, aseguró que el partido continúa funcionando con normalidad pese a la internación del presidente Horacio Cartes y descartó cualquier convocatoria para designar a un reemplazante. Sostuvo que el equipo directivo mantiene el cronograma administrativo y político, incluyendo el pago de salarios, y afirmó que no existe una “ausencia permanente” que obligue a aplicar lo que establece el estatuto.