Editorial

Frenar ola de violencia contra las mujeres debe ser prioridad

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer habrá discursos y las autoridades mencionarán las preocupantes cifras de nuestra realidad. Pero es momento de reconocer que ninguna de las acciones emprendidas son suficientes para detener la ola de abusos, acoso, maltrato y feminicidios en nuestro país. No caben dudas de que las instituciones del Estado deben mejorar su gestión, y particularmente la coordinación entre las mismas. También es necesaria la movilización social para detener esta epidemia.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y devastadoras del mundo actual. En su informe sobre violencia contra las mujeres durante el Covid-19, “Midiendo la pandemia de sombra”, Naciones Unidas remarcaba que la pandemia exacerbó una crisis que ya existía y los datos globales confirman la realidad: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

Ese mismo escenario se replica en el Paraguay. Los datos del Observatorio de Violencia, del Ministerio de la Mujer son contundentes, entre los años 2019 y 2022 se registraron 143 muertes violentas de mujeres por razones de género. Este año, hasta el mes de setiembre se cuentan 30 feminicidios, lo que representan seis muertes más que el año pasado, en el mismo periodo. La información oficial apunta también que el 94% de los agresores eran conocidos de la víctima; y otro aspecto que deja como consecuencia un feminicidio, además de la pérdida de una vida, son los hijos que quedan huérfanos. Según datos del Observatorio, el 79% de las víctimas son madres, y la mayoría de los huérfanos son menores de edad.

En el informe de Derechos Humanos Paraguay 2022 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se resalta el aumento de las denuncias penales de casos de violencia familiar; así como también una mayor visualización del acoso sexual y laboral a partir de casos denunciados en medios de comunicación e instituciones del Estado. Sobre los casos de feminicidios destaca que son, en gran porcentaje, resultado de fallos en el sistema de protección a las mujeres que denuncian. Los mecanismos de protección no siempre se activan, por tanto, la protección integral y la intervención interinstitucional es un proceso incompleto.

Este año se produjo un caso que ilustra esta situación. Se trata del crimen de una joven de tan solo 22 años, que fue asesinada presuntamente por su pareja de dos disparos, en la ciudad de Ñemby. La mujer había hecho once denuncias contra su ex pareja y llegó incluso a pronunciarse a través de las redes sociales contra la ola de feminicidios. Al final, su caso resultó uno más, y como sociedad no podemos dejar de preguntar qué hacen las instituciones del Estado.

Pero no solamente se deben mejorar los mecanismos de protección y la gestión de las instituciones, hay un aspecto en el que definitivamente se está fallando: los recursos. Este informe de derechos humanos aporta un dato alarmante: hay un gradual descenso en el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer desde el 2018 hasta el 2022. Para el periodo 2023, nuevamente el presupuesto asignado a esta oficina presenta un recorte de aproximadamente el 3,4%. Así pues, si no se mejora la gestión gubernamental y si no se dotan de recursos al Ministerio de la Mujer, todo seguirá quedando en meros discursos cada 25 de noviembre, mientras los medios de comunicación seguiremos reportando los terribles casos de abuso y feminicidios.

El año pasado, el papa Francisco se había reunido con mujeres maltratadas y había calificado como “un problema casi satánico” la violencia contra las mujeres; y había señalado que: “el golpe más duro de la sociedad es el de ignorar el problema ajeno, la indiferencia”. Se requiere del compromiso de toda la sociedad para poner un freno a todas las violencias que sufren las niñas y las mujeres. Pero es el Estado el que debe reconocer que las acciones emprendidas por el Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, la Fiscalía y la Justicia, son insuficientes para detener la ola de abusos, acoso, maltrato y feminicidios en nuestro país.

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