Se cuestionó la práctica de las instituciones públicas que piden ampliaciones para inversiones que al final destinan para gastos corrientes.
Fue el liberal Abel González quien reclamó que un monto de más de G. 1.000 millones vaya para servicios de ceremonial estando el país en plena pandemia.
Esperanza Martínez dijo que el Ministerio de Hacienda dictaminó a favor de la propuesta del Ejecutivo.
Stephan Rasmussen, de Patria Querida, cuestionó esta reprogramación, siendo que dentro del Estado están tratando de ser austeros.
La liberal Zulma Gómez defendió el pedido presupuestario, alegando que no es para comprar un traje.
Refirió que no se tenía que castigar a la institución solo porque hay cuestionamientos contra la fiscala general Sandra Quiñónez.
Esperanza dijo desconocer los argumentos que daban sus colegas, y sugirió postergar por ocho días más.
Refirió que en todo caso se escuche a las autoridades que promueven el proyecto, y que en todo caso se trabaje en una nueva propuesta con algunas modificaciones.
El abdista Enrique Bacchetta consideró prudente el aplazamiento.
El liberal Amado Florentín refirió que el Ministerio de Hacienda por decreto puede hacer la reprogramación.