Enrique V. Cáceres Rojas
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Dicen que la base del éxito en la gestión humana y empresarial radica en la capacidad de saber leer los signos y descifrar sus mensajes. El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ha sabido reconocer e interpretar sus debilidades en los controles de las cooperativas. Y esto es así porque en calidad de superintendente adoptó medidas que además de hacerlo confiable lo consolidará institucionalmente. Cabe mencionar dos instrumentos presentados la pasada semana en el marco de la implementación de un sistema integrado de supervisión: la central de riesgos y el fondo de garantía de depósitos. La central de riesgos permitirá contar con una red de información –pública y privada– acerca de la situación crediticia y de pagos en retorno de los préstamos de cada socio por cooperativa; mientras que la creación del fondo de garantía apuntará a la protección de los ahorros de los asociados como una especie de reaseguro, en el supuesto que alguna entidad afronte problemas de liquidez que no les permita honrar los compromisos que asuman con sus depositantes. Haciendo un poco de historia, a mediados de los ‘’90, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito evaluó el sistema cooperativo latinoamericano, cuyo resultado fue determinante para que el BID considere elegible a la entidad cooperativa como canal adecuado para que los créditos lleguen a la microempresa con el mínimo costo de intermediación. La puesta en práctica de este reconocimiento a la función social del cooperativismo para insertarlo en el plan de reactivación de la economía de la región, a través del fomento de las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas, no incluyó en un primer momento a las cooperativas paraguayas. Las causas fueron varias, pero las principales se referían a dos debilidades observadas en nuestro sistema cooperativo: la falta de supervisión técnica profesional y la fragilidad del capital institucional de las entidades. Con las medidas señaladas, hoy se encuentra allanado el camino para revertir la primera de las debilidades citadas. Justo es entonces reconocer que este logro se debe fundamentalmente a la independencia y autonomía alcanzada por el Incoop, sin restar méritos al esfuerzo mancomunado del movimiento cooperativo nacional. Pero aun queda por resolver la cuestión relativa al capital institucional de las cooperativas. Y ello debe abordarse con relativa urgencia promoviendo la revisión de la ley de cooperativas. Los aportes de los socios –con repunte considerable durante la última década– deben formar parte del capital institucional de estas entidades. Ello será posible impidiendo toda posibilidad de retiro de aportes por renuncia u otro concepto, pero permitiendo su libre transferencia a otros asociados o personas interesadas en incorporarse al sector. Sólo así estas empresas fundadas en la solidaridad fortalecerán su patrimonio neto. No hay que olvidar que hoy las cooperativas asumen en gran medida el rol social que le compete a este Estado ausente.
