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Fonacide reproduce desigualdades por falta de criterio en el reparto

 

Un total de G. 2.491 millones recibió desde el 2012 hasta el 2020 el Municipio de Arroyito, que tiene 31 instituciones educativas públicas en Concepción. En el mismo periodo de tiempo y con la misma cantidad de centros escolares públicos, la Comuna de Lambaré percibió G. 29.083 millones. Las necesidades educativas en ambos sitios continúan siendo las mismas, según datos publicados recientemente por el Observatorio Educativo Ciudadano.

El problema de los recursos del Fonacide, además de su falta de manejo y transparencia, es que el criterio de distribución en las diferentes ciudades no responde a los requerimientos educativos, cuenta Óscar Charotti, director de Juntos por la Educación.

“Uno creería que el Estado debe dar prioridad a una zona más vulnerable, de pobreza y de pobreza extrema, alejada de las capitales como lo es Arroyito, donde encima hay muchas escuelas al igual que en zonas urbanas, pero eso no ocurre hoy”, comenta.

Así, hay distritos que tienen igual cantidad de establecimientos que otros más pobres, pero reciben 50 veces más recursos. Estudios locales ya advirtieron años atrás que este método de distribución, que responde más a la ley de royalties y las binacionales, no se condice con la realidad de las comunidades educativas.

Se suma que en ocho años las 256 comunas recibieron G. 2,2 billones para obras de infraestructura, compra de equipos como mesas y sillas y alimentación escolar.

La crisis en las escuelas públicas continúa. Datos del Observatorio indican que 6 de cada 10 centros escolares requieren trabajos de infraestructura. La mitad de los más de 9.000 centros educativos requieren equipamientos para aulas, bibliotecas o nuevos sanitarios.

“Somos conscientes de que, aun así, con lo recibido para las necesidades que hay en el sector esto es poco. Pero también creemos que ya se pudo producir algún impacto con estos fondos en todos estos distritos”, cuenta el especialista.

Necesidad latente. Regresando a los ejemplos apuntados, en Arroyito, con los más de G. 2.409 millones la necesidad de infraestructura abarca al 65% de las 31 instituciones educativas; 74% urgen mesas, sillas o pupitres y 65% necesitan instalación o reparación de servicios sanitarios.

En Lambaré, la necesidad de infraestructura afecta al 48% de los centros; el 65% necesitan mobiliario y el 74% refacción o nuevos baños. El 100% de los estudiantes no recibieron almuerzo escolar en sus instituciones en lo que va del curso lectivo.

“Lo que vemos hoy es que así como está la normativa, reproduce las desigualdades ya existentes en el sistema educativo, pero difícilmente esto vaya a cambiar, por eso queremos que la gente busque datos, se informe y con eso acuda a sus autoridades locales”, reflexiona Charotti.

Asunción y Ciudad del Este son las ciudades que más fondos reciben. La primera, más de G. 45.620 millones; la segunda, más de G. 83.600 millones, pero es la número uno de todo el país en cuanto a requerimientos de aulas.

Los municipios y gobernaciones reciben el 25% del total de recursos según la Ley Nº 4758/12 que crea el Fonacide, con recursos que provienen de la Itaipú. Un porcentaje mayor de lo que reciben las comunas debe ir a infraestructura, incluyendo la adquisición de mobiliarios. El resto debe destinarse a programas de almuerzo escolar.


Es muy importante que la ciudadanía se involucre en las intervenciones en las escuelas públicas. Óscar Charotti, director de Juntos.


Falta más información pública
La escasez y/o ausencia de datos sobre escuelas intervenidas en los últimos ocho años con los recursos del Fonacide, es otro punto crítico que no es tratado, indicaron desde la organización Juntos por la Educación.
Es en el marco de la campaña Votá Educación, lanzada recientemente. Buscan lograr que la ciudadanía se involucre en requerir esta información pública ante los candidatos a intendentes de cada distrito.
“Queremos una participación ciudadana activa en todo el país, que muestre el lugar que ocupa la educación para el futuro del país y que todas las intervenciones son importantes”, manifestaron días atrás desde la organización.
Tanto el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como los municipios que reciben el dinero de la Binacional desde el 2012 no cuentan con acceso de datos públicos sobre el uso de estos fondos.
Igualmente, se desconoce lo que invierten municipalidades y gobernaciones en alimentación escolar.

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