En los papeles, la ley del Fonacide es excelente porque permite que un porcentaje relevante de los fondos de compensación del uso de la energía excedente de nuestro país por parte del Brasil sea aplicado a obras de infraestructura escolar y a la promoción de la excelencia educativa.
La Ley 4758 de 2012, en efecto, menciona que el 25 por ciento de los fondos es para municipios y gobernaciones, mientras que el 30 por ciento se aplica a la promoción de la excelencia educativa a través del mejoramiento de la formación docente, incorporación de tecnologías de la información y comunicación, formación y fortalecimiento de redes de cooperación escolar, becas y otros mecanismos de superación del subdesarrollo de la educación pública.
En el artículo cuarto indica que “por lo menos el 50 por ciento de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales deberán destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos”.
Sin embargo, cuando está a punto de cumplirse ya el primer mes de retorno a clases en las instituciones públicas y habiendo empezado el Ministerio de Hacienda el desembolso del dinero del Fonacide ya en el 2012, los resultados palpables son muy pobres.
La página web de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda da a conocer, departamento por departamento y municipio por municipio, la cantidad de dinero que depositó hasta la fecha en las cajas de los gobiernos locales.
Sin embargo, la CGR acaba de reportar que apenas el 35 por ciento —es decir 88 municipalidades— de las comunas rindieron cuentas acerca del uso que le dieron al dinero. Otras 158 —el 65 por ciento—, en tanto, todavía no cumplieron con ese requisito indispensable.
Ese informe implica, en el mejor de los casos, que las obras todavía son ejecutadas. Sin embargo, seis municipalidades aún no utilizaron su presupuesto. Y una, la de Valenzuela —en el Departamento de Cordillera— lo invirtió en empedrados.
La experiencia está demostrando la ausencia de calidad en la gestión de los municipios, que no han implementado las medidas necesarias para utilizar correcta y oportunamente los fondos públicos que les fueron proporcionados para mejorar el espacio físico de las escuelas y colegios públicos.
La mala calidad de gestión de los gobiernos locales entorpece el avance de la educación y desperdicia los escasos recursos que se les proporciona, además de conspirar contra la descentralización.
A esta altura es pues necesaria una evaluación madura y responsable del mecanismo de utilización del dinero del Fonacide para introducir los cambios que sean necesarios con el propósito de que verdaderamente sirva al progreso de la educación pública.