La principal intención del Ejecutivo, según explicaron las autoridades de la cartera económica, es flexibilizar el tope del déficit fiscal para aumentar el saldo rojo en años difíciles o incluso cuando el crecimiento no sea el esperado, sin los pasos que hoy son establecidos en la normativa.
En la actualidad, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece un tope de déficit del 1,5% del producto interno bruto (PIB), lo que representa unos USD 600 millones aproximadamente. Contiene una cláusula de escape que permite llegar al 3% si es que se dan ciertas situaciones como emergencia nacional o caída de la actividad económica interna, sin embargo, para sobrepasar el 1,5% debe haber una autorización específica del Congreso. Un ejemplo de esto es lo ocurrido el año pasado, cuando el Legislativo autorizó al Gobierno a alcanzar un déficit del 2,8% del PIB para no frenar las inversiones en medio de un plan de reactivación.
Si bien es cierto que la legislación actual tiende a ser procíclica, lo que impide al Gobierno actuar rápidamente en casos de desaceleración o recesión, el planteamiento del Ejecutivo choca con dos problemas: La falta de confianza y el malgasto público.
El déficit fiscal, básicamente, se da cuando el Estado gasta más de lo que recauda y se explica por la toma de deuda. En los últimos años, el endeudamiento avanzó ferozmente y no fue acompañado de un proceso de mejora sustancial del gasto. Los datos oficiales indican que la deuda pública se duplicó desde el 2013 a la fecha, pasando de los USD 4.174,2 millones a los USD 8.859,1 millones.
El Gobierno de Horacio Cartes y el actual de Mario Abdo Benítez vienen recurriendo en gran medida a la toma de compromisos para financiar sus proyectos, ante la alta rigidez de los ingresos por culpa del gasto salarial, situación que impide contar con ahorros fiscales sustentables y le quita casi todo margen de maniobrabilidad al Tesoro.
Las emisiones de bonos y los millonarios préstamos tomados, no obstante, no se ven reflejados en una mejor calidad de vida de las personas. La sensación de bienestar empeora cada vez más, mientras que los servicios públicos generan una mayor insatisfacción en la gente.
Por el otro lado, el derroche del dinero público sigue siendo el pan de cada día.
Titulares como “sobresueldos se llevaron USD 300 millones”, “operadores son ubicados en ente público” y “sobrecosto de obras ya llegan a USD 100 millones”, por citar solo algunos, se repiten cada vez más en los medios de prensa.
El despilfarro escandaloso que se da con el dinero de los contribuyentes sigue sin ser frenado por falta de voluntad política. En un año electoral como este, difícilmente se puedan ver mejoras reales con una clase política que se muestra cada vez más indiferente a las necesidades de la gente y que sigue priorizando el enriquecimiento rápido.
Entonces, resulta difícil que el Gobierno pueda vender un proyecto que busca elevar el gasto público sin hacer primero una limpieza por casa y sin un control adecuado. Los topes impuestos a los generosos beneficios que recibe la clientela estatal y las limitaciones establecidas este año dentro del reglamento del Presupuesto General de la Nación son un paso para adelante, pero debe ser apenas el principio del fin.
La sociedad está cada vez más despierta y el humor de la gente está cada día un poco más agitado y rabioso. Todavía hay un montón de tela que cortar en el Estado. La flexibilización que pretende darle el Gobierno al déficit necesita de un impulso positivo, de lo contrario podría ir al fracaso como muchos otros proyectos impulsados por el Gobierno que se ganaron la impopularidad.
