El brutal asesinato del ex diputado colorado suplente por Amambay durante el anterior periodo legislativo, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, ocurrido la semana pasada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, puso de nuevo en debate el débil trabajo investigativo de la Fiscalía y de la Justicia para perseguir a políticos que han sido acusados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y por una comisión legislativa de estar vinculados al narcotráfico.
Tras la conmoción causada por el asesinato del periodista del diario ABC Color Pablo Medina, por sicarios al mando del intendente colorado de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, en el 2014, el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, siendo entonces senador había presentado en una sesión, con respaldo del entonces ministro de la Senad, Luis Rojas, un detallado informe sobre el narcotráfico y sus vínculos políticos.
En la lista que se presentó ante el Congreso se incluía explícitamente a Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, como al diputado titular por Amambay, Marcial Lezcano, al igual que los entonces legisladores Magdaleno Silva, Concepción Cubas de Villaalta, Bernardo Villalba y Freddy D’Ecclesiis.
Tras aquella exposición pública, que generó mucho impacto nacional e internacional, generando la plena incorporación del término “narcopolítica” en los titulares de prensa y en el ámbito de la sociedad paraguaya, el propio Giuzzio, junto con otros miembros de una comisión especial del Congreso, presentaron una denuncia pública contra sus colegas investigados por la Senad por nexos con el narcotráfico, ante el Ministerio Público, pero al igual como ha ocurrido con varias otras denuncias de comisiones investigadoras legislativas, el expediente ha quedado en el archivo, sin que se avancen en los procesos de indagación.
De acuerdo con los antecedentes revelados en un reciente informe de este diario, en el momento de la detención de Chicharõ, por parte de la Senad, en el 2015, tras una reunión de políticos en la residencia presidencial en Mburuvicha Róga, el mismo estaba acompañado por Marcial Lezcano, actual candidato a intendente de la ANR en Pedro Juan. El hermano de Lezcano, el suboficial Águedo Ronaldo Lezcano, había sido detenido y procesado por tráfico de cocaína. Sin embargo, luego logró su liberación gracias al actuar del fiscal José Luis Casaccia y la jueza Norma Salomón.
Chicharõ permaneció en prisión por lavado de dinero, pero fue liberado pronto por un juez y siguió manejando los oscuros negocios, hasta que acabó siendo trágicamente acribillado. Varios de los otros nombres que fueron expuestos en la recordada sesión del Congreso siguen activando libremente en política, ocupando cargos públicos y figurando en las listas de candidatos, sin ningún problema. Es el caso del actual diputado por San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, que sigue en campaña; de Marcial Lezcano, actual candidato a intendente de la ANR en Pedro Juan; y de Bernardo Villalba, quien está en la lista de suplentes del Senado, por el Partido Colorado.
Esta situación fortalece la impunidad y sigue colocando al Paraguay en la mira de organizaciones internacionales que miden los niveles de corrupción y de debilidad jurídica institucional.