La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General siguen dilatando los procesos emblemáticos de corrupción pública, pese a los pedidos de urgimiento que se presentaron sobre varias causas que ya se encuentran en etapa de prescripción.
La Coordinadora de Abogados del Paraguay e integrantesde la sociedad civil nucleados en el grupo denominado “Somos Anticorrupción Paraguay”, presentaron recientemente una treintena de notas para que los procesos penales por corrupción pública tengan una resolución, habida cuenta de la cantidad de causas que se encuentran en trámite y a punto de extinguirse o con demoras excesivas en la tramitación de los recursos impuestos por las partes.
Sin embargo, hasta el momento, y pese a la insistencia, no se obtuvo respuestas del Ministerio Público. Pese a que algunos casos son más que escandalosos, la lentitud en el tratamiento de los mismos es moneda corriente.
“La UDEA a cargo de la fiscal Soledad Machuca nunca respondió a los pedidos que hacemos ni tampoco da instrucciones a sus agentes fiscales a cargo para que estos puedan por lo menos pedir el adelantamiento. Ni siquiera contesta las notas”, expresó la abogada María Esther Roa.
Semanas atrás, se presentaron escritos de urgimiento en nada más y nada menos que en 29 expedientes de corrupción pública.
LOS CASOS. Por citar algunos, en la causa que atañe a Ramón González Daher sobre denuncia falsa, solicitaron al presidente de la Corte Suprema una auditoría de gestión jurisdiccional.
En el caso que atañe al ex titular del Indert Justo Cárdenas, se solicitó urgir una resolución sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el procesado.
Misma cosa ocurrió con el caso en el que está involucrado el ex fiscal General del Estado Javier Díaz Verón, quien recurrió a una acción de inconstitucionalidad que aún no fue respondida.
En cuanto al caso que salpica al ex diputado liberal Carlos Portillo, se solicitó un urgimiento ante el Tribunal de Apelación, segunda sala de CDE, ya que el polémico legislador apeló en primera instancia su caso.
En cuanto a Tomás Rivas, vinculado al caso de los “caseros de oro”, se urgió la conformación del Tribunal de segunda sala para que estudie sucaso.
El ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, también forma parte de la lista. En su caso, se pidió urgir la resolución en la acción de inconstitucionalidad que había presentado.
En lo que hace al caso de Patricia Samudio, ex titular de Petropar, quien está imputada por el caso de sobrefacturaciones en la compra de mascarillas y agua tónica, al inicio de la pandemia del Covid-19, se pidió que se dicte resoluciónante la apelación presentada por la misma. También se pidió por los casos de Rafael Filizzola, Rody Adán Godoy, Raúl Fernández Lippmann, entre otros.
CORRUPCIÓN. La organización Somos Anticorrupción Paraguay y miembros de la Coordinadora de Abogados
del Paraguay, encabezados por María Esther Roa, vienen desde hace semanas hurgando en expedientes emblemáticos por casos de corrupción, con la venia de la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, la organización habilitó la página web www.coapy.org.py para seguir los casos.
Solicitan reuniones periódicas con la UDEA
Miembros de la Organización Civil “Somos Anticorrupción Py” solicitaron mantener reuniones periódicas con los fiscales de se encuentran a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, con el fin de mantenerse al tanto de lascausas por corrupción pública que se llevan adelante. “Venimos pidiendo reiniciar las reuniones periódicas con el fiscal Luis Piñanez todos los meses y de esa forma ir evaluando los procesos. Hasta ahora no me comunicaronsi estas reuniones seguirán o no, independientemente que yo tenga mis cuestionamientos con la fiscala General del Estado, ellos no tienen ningún derecho de negarse porque esa es unaobligación que tienen como institución”, sostuvo María Esther Roa.
La nota dirigida a la fiscala Machuca sostiene que los índices de corrupción pública llegaron a un punto muy alto. “Estamos preocupados por los altos índices de corrupción e impunidad imperantes. Refrendamos nuestro compromiso de propiciar la lucha contra la corrupción generando políticas y programas orientados a impulsar la transparencia en la gestión pública mediante la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas”, señala.
