La respuesta se enmarca en el juicio de amparo constitucional promovido por los diputados Kattya González y Édgar Acosta contra la Entidad y que la Itaipú recurrió.
El fiscal adjunto Federico Espinoza aconsejó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Itaipú a través del abogado Óscar Adolfo Bogado en torno a la exigencia de libre acceso a la información.
Uno de los contratos millonarios de la Entidad guarda relación con la solicitud de pedido Nº 10065648, para la contratación de la empresa Geolegal estudio jurídico ambiental sociedad simple.
Se procedió a la contratación directa de la firma para el asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil y comercial por la suma de G. 1.440 millones, equivalente a USD 208.445.
En otra Resolución de noviembre también se autorizó la contratación directa para asesoramiento a la Dirección Jurídica del Estudio Jurídico Ramírez Maldonado Abogados y Asociados por valor de G. 1.416 millones, alrededor de USD 204.000.
Los diputados de la oposición recurrieron a la justicia para tener mas información en torno a estos contratos millonarios. Esto luego de la negativa de la dirección paraguaya de Itaipú que alega la Binacionalidad para no brindar los datos públicos.
En respuesta dada por la Fiscalía se pone énfasis que ante una duda o vacío legal, debe primar el derecho al acceso a la información.
Al mismo tiempo, refirió que no existe dudas de que Itaipú no cuenta con una autonomía absoluta y que no se observa como podría resultar algo adverso que se pretenda acceder a información de contenido de interés de la ciudadanía.