La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, ratificó el sobreseimiento definitivo para el ex presidente y ex miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, respectivamente, quienes habían sido imputados por un perjuicio patrimonial de G. 14.005 millones.
Se trata de José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Ramón Chamorro Ortiz. Los mismos primeramente fueron imputados por la fiscala Victoria Acuña por lesión de confianza, posteriormente solicitó el sobreseimiento definitivo ante la jueza Letizia Paredes, quien se opuso al pedido y dejó en manos de la fiscala Machuca.
La representante Anticorrupción menciona que los elementos probatorios obtenidos son insuficientes para sostener una acusación en contra de los encausados. Además, recalca que existe falta de certeza con relación a la hipótesis inicial y al respecto no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos que permitan fundar una eventual acusación.
Aunque, por otra parte, sí acusó a César Rodrigo Amarilla, quien se desempeñaba como gerente general de la Caja. Asimismo, se requirió que el mismo afronte juicio oral y público.
El escrito refiere que la existencia del perjuicio patrimonial causado por Amarilla se sustenta con la pericia realizada por el profesional Francisco Centurión.
La denuncia fue realizada por la creación de una empresa de maletín denominada Karakú SRL, que operaba supuestamente en una dirección en Lambaré, que luego se comprobó que era una humilde vivienda particular.
Se detectaron un total de 81 operaciones de refinanciación por un monto de G. 14.005 millones, entre los meses de mayo y agosto del 2016.
Ahora la jueza deberá resolver sobre la causa.
