El director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Manuel Doldán, confirmó que Colombia no verificó el teléfono de su colega asesinado el 10 de mayo de 2022 en una isla colombiana. Tampoco se revisó la computadora de los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, condenados a más de 25 años de cárcel por planear y financiar el crimen transnacional.
Los equipos fueron entregados en esa situación a Estados Unidos para que realice el peritaje correspondiente en un contexto en que dicho país no interviene en este tipo de casos a menos que tenga una investigación abierta porque la causa afecta a sus intereses.
“Nosotros hicimos también consultas a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que ellos nos informen con respecto a la investigación que se estaría desplegando en ese país y con respecto a las experticias técnicas que habían practicado a la computadora y al teléfono que fueron entregados”, dijo a Telefuturo Doldán.
No es la primera vez que los agentes intentan acceder al teléfono de Pecci. Anteriormente, intentaron que Colombia envíe el dispositivo a Paraguay.
“La posibilidad técnica de revisar el teléfono de Marcelo y la computadora del principal organizador de este crimen, lógicamente, genera para nosotros una esperanza de poder acceder a información específica”, argumentó sobre la relevancia del interés en el celular.
Doldán habló del caso tras el homenaje que realizó la institución por el tercer aniversario del asesinato de un funcionario que procesaba a narcos y poderosos. En otras ocasiones, evade cualquier consulta al igual que los demás agentes de la causa.
Conflicto. Pocos días después del magnicidio, la Fiscalía pidió sigilo a Colombia en el manejo del teléfono debido a “eventuales datos sensibles vinculados o derivados de causas nacionales o transnacionales de alta complejidad en las que intervenía el fiscal Marcelo Pecci ya sea de manera directa o indirecta”.
En marzo del 2024, solicitó al mismo país que el dispositivo sea entregado a Paraguay, en ese momento con autorización de la viuda Claudia Aguilera.
Sin embargo, ante la desconfianza que ya se había instalado en la investigación, la esposa decidió dar exclusividad de su análisis a autoridades colombianas y estadounidenses, lo que generó molestia en la Fiscalía paraguaya.
Estados Unidos demostró interés en el caso desde que ocurrió el crimen. Ese mismo mes ofreció una recompensa de USD 5 millones a quien provea información sobre los autores.
condenados. Aunque Colombia sentenció a ocho personas que participaron en la ejecución del asesinato, los familiares reclaman a Paraguay resultados en la búsqueda del o los instigadores, ya que la orden se habría dado desde nuestro país.
Asimismo agotaron las instancias judiciales para acceder a los avances de la investigación, ante la negativa de la Fiscalía.
