El fiscal Luis Piñánez apeló la sentencia que el Tribunal otorgó a Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, los tres conocidos como los caseros de oro del diputado colorado Tomás Rivas, por una “errónea aplicación de la ley”.
A finales de junio, el Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Inés Galarza, Víctor Medina y Olga Ruiz– había condenado a los caseros del diputado Rivas a dos años (con suspensión de la ejecución de la prueba), por estafa.
Según la Fiscalía, la pena es exigua, ya que en la anterior sentencia (también apelada), los magistrados les habían aplicado tres y dos años y medio a los caseros; sin embargo, con el nuevo juicio se redujo solo a dos años.
“Sorprende de sobremanera al Ministerio Público el quantum de la pena impuesta a los condenados... Resulta sorprendente que se sancione a 2 años de pena privativa de libertad a tres funcionarios públicos que lesionaron el patrimonio del Estado paraguayo”, argumentó el fiscal Luis Piñánez en el documento presentado.
Sostiene la apelación que cada uno de los condenados desplegó una conducta independiente pero compartiendo un propósito común y el dominio del hecho. “Es por ello que sorprende la idéntica valoración para la medición de la pena”, agrega.
La Fiscalía presentó recurso de apelación especial, para que la Cámara de Apelaciones resuelva por decisión directa la “sanción idónea”.
Así también, la defensa presentó apelación ayer.
EL CASO. El 28 de agosto del año pasado, los jueces Carlos Hermosilla, Héctor Escobar y Wilfrido Peralta condenaron a Chaparro, Romero y Franco, a sentencia parcialmente anulada por Apelaciones en diciembre.
La Cámara de Apelaciones –integrada por Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Óscar Rodríguez Kennedy– consideró que la sentencia tenía sustentación defectuosa, puesto que no se describía la condena de cada uno.
Chaparro había recibido tres años de cárcel, mientras que los demás, la pena fue de dos años y medio.
En la acusación, el fiscal Luis Piñánez había presentado la sospecha sobre el hecho punible de cobro indebido de honorarios, pero según el Tribunal eso no se probó.
La estafa en contra del Estado, por otra parte, sí se había demostrado, ya que percibían salario sin trabajar en la Cámara de Diputados.
El perjuicio cometido por Franco fue de G. 24 millones; de Chaparro fue de G. 16.937.080; y de Romero fue de G. 16.895.830, de acuerdo con el monto de los salarios cobrados.
TAMBIÉN PROCESADO. Tomás Rivas, legislador de la Cámara Baja, también está procesado, y hace unos días, el Tribunal ratificó la elevación de su causa a juicio.
El 6 de julio pasado el abogado Federico Huttemann, defensor del diputado, recusó al juez Gustavo Santander Dans, integrante del Tribunal de Apelación, porque consideró que la imparcialidad del magistrado se encontraba en duda, pero el recurso fue rechazado.
El legislador fue acusado por estafa y cobro indebido de honorarios a raíz de publicaciones periodísticas de Última Hora en el año 2017.
Se corroboró que los caseros que figuraban como funcionarios de Rivas en el Congreso, en realidad, no prestaban servicios ahí, pero de igual manera cobraban salarios.
Rivas es conocido por las constantes dilaciones que presenta para retrasar su proceso. Ahora finalmente se podrá fijar nuevamente la fecha para su juicio oral.
