Los fiscales señalan que la jueza se extralimitó en sus funciones para tomar determinaciones con relación a los acusados y realizó una interpretación errónea de la ley con relación al supuesto doble juzgamiento que se realizó.
Zacarías Irún y McLeod fueron acusados por el supuesto desvío de más de G. 4.900 millones de los recursos de la Municipalidad durante los años 2014 al 2018 por los representantes del Ministerio Público, junto a otras ocho personas, que supuestamente operaban para utilizar los fondos municipales para financiar campañas políticas a favor del clan esteño.
Los escritos llevan la firma de los fiscales anticorrupción Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Natalia Fúster. Por un lado, el Ministerio Público atacó la resolución que sobreseyó a los imputados por el supuesto doble juzgamiento de las ejecuciones presupuestarias que ya habían sido analizadas por el Tribunal de Cuentas.
Señalan los fiscales que la jueza Cinthia Garcete no argumentó los motivos por los cuales descartaba los fundamentos expuestos por el Ministerio Público al solicitar el rechazo de la excepción de falta de acción planteada por los acusados.