EFE
El fiscal también solicitó la absolución del banquero André Esteves en el mismo proceso, que fue abierto con base en la confesión hecha por el destituido senador Delcídio do Amaral, quien dijo haber ofrecido un soborno a cambio del silencio de un testigo en una investigación por corrupción pero alegó haberlo hecho a petición de Lula.
Do Amaral fue detenido en 2015 tras la divulgación de una grabación de una conversación en la que le ofrece dinero al exdirector internacional de la petrolera Petrobras Néstor Cerveró para que no lo comprometa en las investigaciones por el gigantesco escándalo de corrupción en la compañía estatal.
Cerveró en la época estaba preso por su responsabilidad en los millonarios desvíos de Petrobras y negociaba un acuerdo con la Justicia para identificar a sus cómplices en las corruptelas, que ya han llevado a la cárcel a varios altos funcionarios de la petrolera, a directores de importantes constructoras brasileñas y a políticos que amparaban las ilegalidades.
Do Amaral, que era un importante correligionario de Lula en el Partido de los Trabajadores (PT), confesó su responsabilidad en los crímenes tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para intentar reducir su condena y terminó señalando a Lula y a Esteves como sus supuestos cómplices.
Do Amaral aseguró que le ofreció dinero a Cerveró para que no comprometiera a Lula en las corruptelas de Petrobras y que los recursos para la coima fueron aportados por Esteves.
Pero el fiscal responsable por el caso, Iván Claudio Marx, aseguró en su alegato final enviado hoy al juez décimo federal de Brasilia, Ricardo Leite, que no hay pruebas que comprometan ni a Lula ni a Esteves, de quienes pide que sean absueltos.
“Al contrario de lo que Delcidio do Amaral alegó tanto en su acuerdo de colaboración como en el testimonio que rindió ante el juez, el pretendido silencio de Cerveró, que en la época estaba detenido, no fue encomendado ni interesaba a Lula y sí al propio senador”, según un comunicado divulgado por la Fiscalía.
Para los investigadores, el destituido senador mintió en sus confesiones, ocultó el origen de los recursos con los que pagaría por el silencio de un director de Petrobras y “le atribuyó falsamente a Lula la orden para la práctica del crimen”.
Por ese motivo, el fiscal pidió la condenación y que le sean suspendidos los beneficios y los privilegios que le habían sido concedidos a Do Amaral por su acuerdo de colaboración.
Además de este proceso por obstrucción a la Justicia, Lula enfrenta otros cinco por corrupción y lavado de dinero, todos vinculados a los desvíos en Petrobras.
El expresidente ya fue condenado a nueve años y medio de prisión en primera instancia en uno de tales procesos, pero el cumplimiento de la pena depende de que un tribunal de segunda instancia confirme la condena.
El exmandatario corre contra el tiempo debido a que en caso de que la condena sea confirmada en segunda instancia, así pueda presentar nuevos recursos y permanecer en libertad, estará inhabilitado para disputar las elecciones de 2018.
Lula, quien ha admitido la posibilidad de disputar las presidenciales del próximo año, lidera todas las encuestas de intención de voto y acusa a sus adversarios políticos y a la Justicia de una persecución política para impedirle volver al cargo que ocupó entre 2003 y 2010.
