Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se centra en la atenuante de reparación del daño con la que la Audiencia rebajó a cuatro años y medio de cárcel la condena al futbolista.
También los recursos de la acusación particular y de la defensa giran sobre esa atenuante que apreció la sala: mientras la víctima pide que se revoque, la abogada de Alves solicita que se la considere como muy calificada, lo que permitiría reducir la pena a entre dos y cuatro años de cárcel.
En su recurso, la Fiscalía discute que los 150.000 euros que Alves ingresó en la cuenta del juzgado –después de que la jueza instructora le fijara esa suma como fianza– fueran para entregárselos a la víctima “sin ningún tipo de condicionante y con independencia del resultado final del procedimiento”.
Una cuestión de la que discrepa la defensa, que sostiene que el futbolista pidió hasta en dos ocasiones al tribunal que el dinero se entregara a la víctima, antes de saberse el resultado del juicio, lo que la joven rechazó.
Para la Fiscalía, Alves consignó el dinero “a requerimiento del tribunal, como fianza”, pero su propia defensa, en su calificación alternativa en la que proponía un año de cárcel para el futbolista –resultado de aplicarle tres atenuantes–, cifraba en 50.000 euros la indemnización para la víctima.
Otro de los argumentos del Ministerio Público es que en los delitos contra la libertad sexual “los perjuicios sufridos por la víctima nunca se pueden compensar de forma completa con dinero, sino que tiene que existir una voluntad real de reparar el mal causado a la víctima”, lo que, a su parecer, no ha ocurrido en el caso de Alves.
Precisamente, la Fiscalía se ha opuesto este martes a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad provisional a Alves a la espera de que la sentencia sea firme, argumentando que persiste el elevado riesgo de fuga, pues mantiene una capacidad económica que le permitiría huir y que no podría ser extraditado, de acuerdo con la legislación brasileña.
Fuente: EFE
