18 feb. 2026

Fiscalía pide desestimar el caso de la muerte de Lalo

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Lalo Gomes

Los fiscales Cristian Ortiz, Celso Morales y Luis Said pidieron desestimar la causa en la que se investigaba la muerte del diputado Eulalio Lalo Gómez. Según el Ministerio Público, el policía que disparó actuó “en legítima defensa”, en el allanamiento de su vivienda, el 19 de agosto del 2024. Ahora la decisión está en manos del juez.

La Fiscalía concluyó que el subcomisario Carlos García fue el que hizo el primer disparo, ya cuando estaban llegando a la habitación del diputado. Este tiro fue “de cobertura”, porque escucharon que una persona detrás de la puerta portaba un arma.

Esa persona era Eulalio Gomes, quien después de escuchar el disparo del agente, también gatilló su arma.

El subcomisario “reaccionó realizando otros dos disparos”, “para defenderse y proteger a sus compañeros y demás miembros de la comitiva”, según indicaron los fiscales.

Esos últimos balazos acabaron finalmente con la vida del diputado.

Los fiscales hablan de que el actuar de García no constituye hecho punible y pidieron que se desestime la causa.

Ahora, el juez Juan Martín Areco, de Pedro Juan Caballero, debe fijar fecha de preliminar, donde decidirá sobre la solicitud.

REPUDIO. Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes, repudió la intención de los fiscales de archivar el caso.

“Es inaceptable que el Ministerio Público, en lugar de esclarecer los hechos y garantizar el castigo a los responsables, opte por el camino de la impunidad, cerrando un caso que aún presenta serias dudas y aspectos sin esclarecer”, cuestionó.

Además, sostuvo que resulta “alarmante” que, pese a las múltiples irregularidades y contradicciones que rodean este caso, los fiscales encargados de la investigación pretendan archivar el expediente sin agotar las diligencias.

“Este accionar traiciona la confianza en instituciones encargadas de impartir justicia. También envía un mensaje peligroso de permisividad ante hechos de violencia y abuso de poder”, sostuvo.

La acción de García estaba amparada por una causa de justificación, en este caso, la legítima defensa. Argumento del Ministerio Público.

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