En el marco de la investigación penal del supuesto desvío de USD 1 millón de los fondos Covid por parte de la Gobernación de Central y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), surgen los nombres de dos funcionarios del área financiera de la Gobernación.
Se trata de José Manuel López Duarte y Gustavo de Jesús Delvalle Alonso, quienes fueron los encargados de enviar primeramente la rendición de cuentas vía online, y luego solicitaron la rectificación para presentar en papeles otra rendición, que contenía las facturas que reemplaza a las denunciadas en el “primer” informe.
La investigación de la Fiscalía estará también apuntando hacia ellos, según los datos obtenidos, además del gobernador Hugo Javier González, quien firmó todas las rendiciones presentadas con las facturas irregulares.
Cabe recordar que el 20 de mayo pasado, la Gobernación de Central presentó una rendición de cuentas, que mediante la denuncia de los ediles departamentales se pudo saber que el informe contiene facturas falsas y de empresas inexistentes.
Seguidamente, el 21 de junio la misma Gobernación presenta documentos que también apuntan a la fundación CIAP, que tras presentar la rendición de cuentas, envió una rectificación el 25 de mayo, pero sin los documentos respaldatorios y luego una rendición paralela; se advierte una serie de facturas por valor de G. 1.643.509.099.
El representante legal es el ex árbitro y contador Tadeo Álvarez, quien dijo que no se hace responsable de la rendición que se presentó el 20 de mayo, donde está estampada su firma, y dijo que la rendición válida es la segunda, que contiene las nuevas facturas con fecha de junio.
Se ha podido corroborar que las facturas presentadas primeramente son de los meses noviembre de 2020, enero y febrero del 2021, mientras que las facturas presentadas a la auditoría especializada son de mayo y junio del 2021.
Además de facturas falsas, se pudo ver que había facturas a crédito de montos millonarios, cuyos recibos de cancelación no estaban en el informe, como ser de la Constructora Vial Urbana, de Antonio Adolfo Arpea, también de MAIS SRL y del ingeniero Óscar Gaete Gómez.
DISCREPANCIAS. En el documento del gobernador se detalla también que en la rendición correspondiente a G. 2.297.520.000 se produjo una discrepancia con los reemplazos de facturas, con una diferencia de G. 5 millones.
Asimismo, en la rendición de G. 767.532.227 se observó la diferencia G. 1.692.227 y en la rendición de G. 512.775.453 hay una diferencia de G. 2 millones.
La investigación fiscal avanza lentamente; no obstante, los fiscales se encuentran recabando informes de las instituciones que indagan también lo ocurrido con el dinero que debió ser destinado para la reactivación económica del Departamento Central.
Estas instituciones son la SET, la Secretaría Anticorrupción, que con la denuncia presentada concluyeron que las facturas de comercios, como VR Ingeniería, AR Electricidad, Santo Domingo, entre otros, fueron falsificadas.
Asimismo, los fiscales retiraron documentos relevantes de la Contraloría, para seguir con el curso de la investigación.
El gobernador González se defiende y alega que no es responsable.