Siete allanamientos realizaron ayer, de forma simultánea, fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción que indagan una megaevasión que rondaría los 25 millones de dólares y salpica a 17 entidades del Estado.
Los operativos se dieron en Itá, San Lorenzo y Asunción, encabezados por Liliana Alcaraz, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Diego Arzamendia, Victoria Acuña, Alma Zayas, Sussy Riquelme.
Los investigadores se incautaron de diversos documentos que serán analizados, con relación al proceder de una supuesta empresa proveedora del Estado, y donde se habría detectado el uso de facturas falsas.
Uno de los sitios pertenece a Cristino Jara, vinculado con la empresa consultora San Miguel, que es investigada como supuesta proveedora en el esquema de facturación.
“No podemos adelantar nada aún de que si son o no sospechosos principales estas personas, sí una de ellas fue denunciada como la que hizo declaraciones de sus datos con documentaciones falsas por una tarea previa respecto de controlar quienes serían sus proveedores”, explicó la fiscal Liliana Alcaraz.
OBRAS. Se presume que Cristino, dedicado al rubro de la construcción y mantenimiento, emitió facturas apócrifas por un valor de G. 57.000 millones (USD 8,3 millones) a diferentes municipios y una gobernación en contratos de construcción, pero sin comprar un solo ladrillo, por lo que se cree que las obras nunca se realizaron.
Las municipalidades de San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan de Mena, Jesús de Tavarangue, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora; además de la Gobernación de Cordillera, figuran como las entidades afectadas por los operativos.
La agente del Ministerio Público agregó que Jara sería el que realiza contrataciones con las instituciones del Estado, por lo que se está realizando un trabajo coordinado con la Contraloría General de la República y la Dirección de Contrataciones Públicas.
No se descarta que se den imputaciones en las próximas horas.
Además de Cristino Jara, apareció el nombre de su yerno, Nelson Ortiz.
Otras 16 grandes empresas y unas 100 compañías también formarían parte de la red de megaevasión, de acuerdo con las investigaciones.
Entre las irregularidades también se detectaron unas 57 facturas por millonario valor que habrían sido emitidas por un cuidacoches y varios docentes que salieron a la luz tras denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
