Con base en la denuncia que hizo Soares el 27 de noviembre del 2019, se examinó la acusación de manera formal y se decidió imputar a tres funcionarios de la Comuna. A Carlos Marcelo Mancuello Ríos, jefe de Gabinete, y a Víctor Ramón Ocampos Fernández, asistente, por la supuesta comisión de hecho punible de lesión de confianza y tráfico de influencias; y a Aureliano Servín Maldonado, jefe del Departamento de Recursos Humanos, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave.
Por otra parte, María Rocío Casco Arce, ex diputada y miembro del movimiento Avanza País, está imputada por tráfico de influencias, coacción y coacción grave; mientras que dos sobrinos del intendente, Alberto Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Arturo Ferreiro Ayala, están procesados por tráfico de influencias.
La imputación por coacción y tráfico de influencias es porque la ex diputada Rocío Casco, junto con Servín, le pedían a un procesado actualmente, Alfredo Guachiré, que les ayude a buscar los antecedentes que involucren a Camilo Soares, ya que supuestamente estaría molestando al intendente, y que ya contaban con una agente fiscal para imputarlo.
Prometieron a su vez algún tipo de compensación económica y auxilio en sus casos judiciales (por lo que consideran como coacción y tráfico de influencias).
Los demás imputados, Mancuello, Ocampos, Alberto y Fernando Ferreiro, están procesados por integrar este grupo de Telegram, porque supuestamente a través de esta aplicación rendirían cuentas de las recaudaciones paralelas que hacían.
La Fiscalía ahora considera que existen pruebas contundentes de convicción con relación a estos imputados, quedaría el plazo de seis meses para la presentación de todas las evidencias y la acusación correspondiente.
Por otro lado, no se descarta que existan más imputados en la causa, ya que según los análisis fiscales, podría haber más implicados.
