PROTESTAS. De hecho, las protestas y actos vandálicos se extendieron por diversos rincones del territorio nacional, en reacción a un supuesto fraude electoral. La imputación fue presentada para dos grupos; el primero afecta a cuarenta manifestantes y el segundo a doce de ellos (cincuenta varones y dos mujeres).
En la descripción sucinta de hechos de la primera imputación se menciona –con respecto a los primeros cuarenta imputados– que en la madrugada del martes, entre la medianoche y las 02:00, “habrían arrojado piedras contra personal policial táctico apostado en la zona (...) y desobedeciendo las órdenes del personal policial habrían avasallado el perímetro de seguridad establecido para resguardo del Tribunal Superior de Justicia Electoral”.
Ante la reticencia de los manifestantes, agrega la petición, los agentes “primeramente habrían empleado chorros de agua de carros hidrantes a fin de contener la situación, de forma posterior el uso de gases lacrimógenos y, finalmente, escopetas con balines de goma, con lo cual se logró la aprehensión de los antes citados”.
Con relación al segundo grupo, menciona: “Habrían intentado ingresar por la parte posterior del Tribunal Superior de Justicia Electoral, escalando la muralla perimetral, momento en que agentes de la Policía Nacional (...) evitaron que estas personas ingresaran al sitio, a raíz de lo cual comenzaron a romper asfaltos, vidrios de vehículos y veredas para tirar contra los agentes del orden”.
Las agentes fiscales exponen que los dos hechos punibles, en concurso, tendrían una expectativa de pena de 7 años y medio de prisión.
Teniendo en cuenta este y, por otro lado, que el TSJE se encuentra en pleno conteo de votos y disponer la libertad de los mismos “pondría en riesgo la seguridad y la libertad y el funcionamiento de la Instituciones del Estado”; tampoco ninguno ha presentado elemento de arraigo, por lo que existe el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal, solicita la medida cautelar de prisión preventiva.
En una segunda presentación, la fiscala Fátima Capurro imputó a catorce personas que “habrían impedido el paso de la patrullera policial que llevaba aprehendidos” en torno a las 03:40 horas, en la esquina del TSJE, luego tiraron cascotes a los antimotines.
Por último, solicitan el plazo de seis meses de investigación para presentar el requerimiento conclusivo.
74
personas fueron detenidas por la Policía Nacional, en primera instancia, durante las protestas frente al TSJE.