Equipos de fiscales estuvieron desde tempranas horas de la mañana de ayer en los puntos más frecuentados en varios sitios del país y se encontraron con una masiva concurrencia de empleados que acuden a sus empresas para trabajar a tiempo completo.
Pese al decreto de aislamiento absoluto y a la opción del trabajo a distancia, muchas compañías convocan a sus funcionarios.
De acuerdo con la fiscala Teresa Sosa, el Decreto 3478, que amplía la autorización a personas y empresas a trabajar a pesar de la medida, es un inconveniente a la hora de hacer el control.
Los fiscales, junto con los policías, se apostaron en varios lugares con el objeto de controlar el acceso vehicular y restringir la circulación. Se procedió a verificar vehículos y a transeúntes.
Ante esta situación, se les dejaba pasar a los que exhibieron constancias de trabajo originales, con sellos, firmas, teléfonos, acompañados de carné y cédula de identidad cuyos datos coincidan.
“Resulta que con esa denominación (actividades habilitadas) se constató que la mayoría de la gente de circulación vehicular estaban realizando actividades enumeradas en el decreto, lo que hace imposible que el Ministerio Público y la Policía retengan a estas personas”, explicó Sosa.
Refirió que porque están autorizados por el decreto para circular no se les puede retener y que todas las personas ayer contaban con las constancias.
La fiscala expuso que personalmente considera que si se quiere hacer valer este aislamiento preventivo general, se tiene que modificar el decreto y reducir las actividades permitidas, por lo menos hasta que pase el periodo de la cuarentena; “caso contrario, no se va a poder reducir a la gente en las calles”, reiteró.
TRABAJAR CON EL MIC. Como las empresas citan a sus empleados a trabajar de manera normal, la fiscala refiere que un opción segura sería la de trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio.
La Fiscalía y la Policía recibieron las instrucciones de endurecer el control, pero se necesita el apoyo del MIC para que converse con las empresas, a fin que reduzcan el número de funcionarios en las calles, afirmó.
Jefe de comisaría chaqueña imputado por incumplimiento de veda sanitaria
Dos policías y 11 civiles fueron imputados ayer, en el Chaco, por transgredir la cuarentena sanitaria. La mayoría serían miembros de una familia que estaba festejando un cumpleaños.
El fiscal que procedió a la imputación es Blas Pizzani; los afectados son: el jefe de la comisaria de Puerto Guaraní, Fuerte Olimpo, Rodrigo Chaparro; el suboficial Ángel Ferreira, Manuel Servín, Pedro Vargas, Norma Herbet, Mirtha Avilka, Estela Servín, Ana Servín, Gladis Servín, Natalia Ávila, Aldo Ávila, Helena Montiel e Ignacia Alvarenga.
Fueron imputados por el hecho punible de violación de veda y cuarentenas sanitarias, previsto y penado por Ley 716/96, en concordancia con el Decreto 3456/2020, recientemente firmado por el presidente Mario Abdo.