El examen final de la Contraloría General de la República reveló que en dicho periodo hubo desvíos de fondos por valor de G. 3.400 millones.
La Junta Departamental de Alto Paraguay, en su afán de pedir justicia y castigo para los cómplices, encubridores y responsables del robo de los fondos públicos, solicitó celeridad en la investigación. El pedido firmado por el presidente del Legislativo departamental, Iván Acuña, y el secretario de la comisión directiva de la Junta, Ricardo Duarte, fue remitido a la fiscala general, Sandra Quiñónez. “La presunción de que el hecho sería tipificado como delito dentro del ejercicio de la función pública en perjuicio del erario público de relevancia penal es grave por lo que solicitamos la investigación de estos hechos que podrían relacionarse con supuestas obras de infraestructuras inexistentes, pagos sin recaudos legales del rubro de transferencias a instituciones sin fines de lucro, becas y otros conceptos analizados por el órgano superior de control en el ejercicio fiscal 2017-2018”, expresa la nota.
Similar pedido fue dirigido a la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. El caso de la diputada Ocampos está a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz.
AUDITORÍA. Según el informe final de la CGR, que corresponde al periodo 2017 y 2018, se observaron falta de documentos de respaldo en la transferencia a entidades educativas, becas otorgadas sin que presenten rendición de cuentas, al igual que subsidio y asistencia social a personas y familiares del sector privado, construcción de pórtico de acceso en Bahía Negra; que conforme a la verificación física de los auditores no existía en el momento del procedimiento realizado y se abonaron G. 145.816.611.
También se pagaron en el 2018 G. 1.964.195.613, que representa el 64% del total a pagar según el contrato; sin embargo, durante el trabajo de campo realizado por el equipo auditor se evidenció que la obra recién iniciaba.
La Gobernación abonó, según ID N° 328.866, en construcción de pavimento de hormigón armado en Carmelo Peralta y en construcción de dispensario en la comunidad indígena Punta y Tiogai, en 2018, G. 1.344.883.518, monto que representa el 44% del total a pagar. Durante la verificación del equipo auditor de la Contraloría se evidenció que la obra recién iniciaba.