A la fecha aún no se decidió dar apertura a una causa penal, tampoco se designó un fiscal para que inicie las pesquisas correspondientes.
Los que están en la mira del Ministerio Público son: el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Romalino Petta San Martín, supuestamente, no declaró que cuenta con siete inmuebles en Hohenau.
Además, la titular de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, quien aparentemente omitió, con base en sus declaraciones juradas, algunos inmuebles que se encuentran registrados a su nombre, como así también bienes de su cónyuge, esto teniendo en cuenta a que está casada sin separación de bienes, resalta el escrito.
También fue denunciada la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, por tener un aumento considerable en el rubro de inmuebles, que si bien se corroboró que se trata en parte por plusvalía, hubo de igual manera inconsistencias al verificar la declaración jurada con los informes de las diferentes instituciones públicas y privadas, añade el organismo constitucional.
En lo que respecta al ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, y la máxima autoridad de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, también se encuentran en la lista negra de la Contraloría. Finalmente, Denis Lichi, quien fue sacado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Sergio Barrios, funcionario del IPS, también serán indagados.