El Ministerio Público, bajo la gestión de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no solamente adeuda alrededor de G. 15.000 millones por canon de alquiler de la Sede 1, ubicada en la calle Nuestra Señora de la Asunción, sino también arrastra una deuda de G. 8.000 millones por el servicio de energía eléctrica a la ANDE, en varias sedes a nivel país. El pasado 17 de febrero, la ANDE también envió una notificación a la Fiscalía reclamando el cumplimiento de los compromisos asumidos y de esa manera “evitar innecesarias molestias que conllevan a una situación de deuda incumplida y de sus consecuencias”.
La nota enviada por el IPS a comienzos de este año revela que la deuda por alquiler se arrastra desde el 2018 año en que la deuda trepó a G. 412 millones. En el 2019, sube a G. 3.931 millones. Durante el 2020 estalla la pandemia y la deuda acumula otros G. 3.790 millones. La falta de pago siguió durante el 2021, cuando se dejó de pagar G. 3.189 millones. Ahora falta cerrar este año y la deuda ya suma una cifra similar.
Ante el reclamo de la previsional, la fiscala Sandra Quiñónez envió una respuesta a Vicente Bataglia, el 11 de julio de este año. La misma intentó justificar la falta de pago alegando que se recortó el presupuesto y que cumple el pago de pólizas de seguro contra todo riesgo de manera periódica. Dijo que se realizan de manera periódica los mantenimientos y reparaciones a las instalaciones “abonando puntualmente los servicios básicos” (pago de luz y agua potable).
Mentirosa. Carolina Palacios Guimaraes, secretaria general del sindicato del Ministerio Público (Simipar), dijo que la fiscala general miente al sostener que la falta de pago se debe por recorte presupuestario. Tampoco cumple con los gastos por mantenimiento ni pago por los servicios básicos. Afirmó que la deuda con IPS data del 2018 de la administración de Quiñónez y no de la anterior (Francisco Díaz Verón).
“Son puras mentiras (la excusa que dio Quiñónez) y se puede corroborar con la deuda a la ANDE”, afirmó Palacios. “Se puede cotejar con los extractos de la ANDE, que hoy llega a G. 8.000 millones. Tampoco se está pagando la deuda a la Essap”, aseguró.
Indicó que no hay mantenimiento de los elevadores y menos del edificio. “Al ingresar a la Sede 1, los profesionales pueden confirmar porque hay que ir caminando por las escaleras los 10 pisos. No es cierto que la falta de pago es por recorte presupuestario. Nunca el Congreso recortó para el pago de alquileres. Es su falta de gestión lo que ocasionó esta deuda y que el nuevo fiscal tendrá que afrontar”, retrucó.
Mencionó que ha solicitado a la Dirección de Transparencia del Ministerio Público a cargo de Soledad Quiñónez (hermana de la fiscala general) varios pedidos de informes sobre el estado patrimonial. “Nunca han contestado, conculcando la ley. En casa de herrero, cuchillo de palo”, expresó la gremialista.
Denunció que la fiscala general no le quiere dar para su oficina y como medida de fuerza se instalaron con una mesa fuera del edificio. “No me quiere dar porque soy disidente”, reclamó.
- 15.000 millones es la deuda por canon de alquiler de la Sede 1 al Instituto de Previsión Social desde el 2018.
- 8.000 millones es la deuda acumulada por el servicio que presta la ANDE a las diferentes sedes de la Fiscalía.
