El sábado, en juicio oral y público, fueron absueltos de culpa y reproche el parlamentario del Mercosur, Milciades Duré, a más de los coprocesados Mario Echeverría y Justo Gamarra.
Los magistrados Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee entendieron que no se probaron los hechos, y que en la constitución que tuvieron en las tierras observaron olerías, animales y varios ocupantes que contradecían a los peritos.
FISCALÍA. El fiscal Rodrigo Estigarribia expresó que apelarán el fallo. Esperarán el viernes para saber todos los fundamentos, pero refirió que los que dieron los jueces en forma oral, “fueron escasos”. Alegó que es una causa del 2013, que fue investigada por la ahora jueza Claudia Criscioni.
Indicó que en el juicio oral presentaron entre informes y la pericia cinco documentos sobre las más de 5.700 hectáreas donde tomaron muestras de tierra, y determinaron que solo el 3% del total, tienen moderada capacidad de uso, y el resto son inútiles.
Indicó que los jueces hablaron más de la constitución que hicieron que de las pericias e informes. “El hecho que vieron 10 vacas, personas, no quiere decir que sean aptas para la reforma agraria”, dijo.
El fiscal Estigarribia señaló que en el año 1996, las tierras fueron expropiadas por el Estado paraguayo, pero ya en el 2002, remarcó, que se dejaron sin efecto por un informe del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), que decía que las tierras no eran aptas para la reforma agraria.
VENTA. Indicó que con la expropiación, el Estado solo paga el valor fiscal, pero con la venta se paga lo que pide la firma San Agustín.
Afirmó que en uno de los informes, un ingeniero había señalado que realizó la verificación de la zona y que había seccionaleros, gobernadores, políticos, que ocupaban la zona, por lo que debía hacerse un nuevo censo.
Explicó que el Estado desembolsó en abril del 2013, G. 48.000 millones, de los G. 60.000 millones que valían. Sin embargo, estos G. 12.000 millones ya no fueron abonados por el Estado. Estos fueron condonados por la empresa, según explicó, por uno de los procesados Arnaldo Jara, en una salida alternativa.
Según el fiscal, a las tierras, le decían “palangana”, ya que hay una parte alta, al otro lado el arroyo Piribebuy, y es un espejo de agua, que deja arcilla, ideal para las olerías, pero no para la reforma agraria.
Es más, relató que las tierras se encuentran entre las localidades de Altos y Arroyos y Esteros, en Cordillera.
Sobre la tasación que hicieron los acusados Víctor Blanco y Mario Echeverría, dijo que ellos eran del Ministerio de Obras Públicas, por lo que ellos solo tasaron y no hicieron estudio de si eran o no aptas para la reforma.
Los absueltos, el parlasuriano Milciades Duré y otros coprocesados, avalaron la venta irregular de tierras al Indert por la firma San Agustín, una propiedad cuya expropiación ya fue una vez rechazada.
Uno con Covid y otro está prófugo
El fiscal Rodrigo Estigarribia explicó que con relación al acusado Víctor Blanco, perito del Ministerio de Obras Públicas, este contrajo Covid-19, y fue internado en estado delicado. Su caso está suspendido, por lo que ya no siguió en el juicio.
Por otro lado, con respecto a Luis Ortigoza, ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), este está con rebeldía y con orden de captura judicial pendiente.
Ortigoza no se presentó al juicio oral, por lo que los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee lo declararon en rebeldía.
Hasta el momento, la Policía no pudo aprehenderlo, por lo que sigue sin ser sometido a la Justicia. Luis Ortigoza cuenta con otros procesos pendientes.
