Luego de iniciar una investigación, con base en la denuncia de la abogada Gilda Burgstaller contra el Gobierno, el Ministerio Público aseguró que “arbitrará todos los medios necesarios para reunir elementos en el caso”.
La denuncia fue por homicidio y lesión de confianza, contra supuestos responsables de la muerte de personas durante la pandemia. El equipo de investigación está integrado por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
La denuncia fue realizada por “hechos punibles y crímenes contra la vida y el patrimonio del que resultaron víctimas varios ciudadanos y el propio Estado paraguayo, a lo largo de los años 2020 y lo que corre del 2021”, refiriéndose a la situación vivida a raíz de la propagación del Covid.
Se habla de presuntos hechos punibles denunciados, vinculados a supuestas negligencias por parte del Gobierno para afrontar la pandemia de Covid-19.
Esta denuncia –según la abogada– incluye al presidente de la República Mario Abdo Benítez.
Burgstaller anunció que se reserva el derecho de ampliar la denuncia y, además, de recurrir a organismos internacionales.
Según el comunicado que emitió el Ministerio Público, la institución es el ente encargado de impulsar la investigación y a dichos efectos arbitrará todos los medios necesarios para reunir elementos de convicción que correspondan en el caso.
OTRA DENUNCIA. Hace una semana, el abogado Julio César Espínola presentó también una denuncia contra ex autoridades, por hechos similares. Había demandado por omisión de evitar un resultado, lesión grave, homicidio doloso y lesión de confianza al ex ministro de Salud Julio Mazzoleni, al ex ministro de Hacienda Benigno López y al director de Vigilancia de Salud Pública, Guillermo Sequera.
Estos fueron responsabilizados por las muertes por Covid que van en aumento.
Según esta denuncia, “el Congreso Nacional ha facultado a Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay, a realizar varios préstamos multimillonarios, que deberían de ser utilizados por el Poder Ejecutivo a través de sus órganos para tomar las medidas sanitarias necesarias, preparar el sistema sanitario para lidiar con los enfermos por Covid”.
Pidió el defensor la imputación de otras personas que resultaren responsables de estas muertes, supuestamente. Esta investigación está a cargo de la fiscala Hermenegilda Cubillas.
El lunes pasado, nuestro país superó la cifra de 10.000 fallecidos por SARS-CoV-2.
Pese a las negociaciones para conseguir vacunas, estas llegan de a poco y no alcanzan para dar abastecimiento a todas las edades, hasta el momento.
Bajo el amparo de la pandemia, además, se cometieron varios ilícitos en la función pública, como robo de vacunas, sobrefacturación de insumos contra el Covid y otros.