La solicitud contra Cabaña es por supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, mientras que para el legislador Ulises Quintana por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
Según informó la Fiscalía General, son 24 los acusados luego de que fueran recusados 40 fiscales en el caso que se inició en el 2018.
La acusación fue presentada ante la jueza de Garantías Alicia Pedrozo, en la noche del sábado, pese a que era un día inhábil. En este caso, ya las evidencias se hallan en poder del Juzgado.
El escrito en formato papel se presentó ante la Oficina de Atención Permanente, después de que la Sala Penal de la Corte rechazara la recusación contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, planteada por la defensa de uno de los procesados.
La jueza Alicia Pedrozo había notificado el pasado martes a la Fiscalía General, por lo que tenía hasta el 24 de mayo para presentar el escrito, pero lo hizo apenas a los tres días hábiles, para evitar más recusaciones de las defensas.
Hay que señalar que la Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el fiscal adjunto Marco Alcaraz, en contra de la resolución que anuló su primera acusación en la causa.
Según ese fallo, el rechazo de la acción de inconstitucionalidad no implicaba que el Ministerio Público haya perdido la oportunidad de formular acusación u otro requerimiento conclusivo en relación con los más de 20 procesados en la causa.
Así, la Corte ratificó lo resuelto por el Tribunal de Apelación que dispuso darle el trámite del artículo 139 del Código Procesal Penal, que dice que al no haber acusación, la Fiscalía General del Estado deberá hacerlo.
La Fiscalía ya había presentado acusación el 13 de setiembre de 2019, por el fiscal antidrogas Ysaac Ferreira, pero esta se anuló porque no adjuntó a tiempo las pruebas del caso.
RECUSACIONES. Dos defensas técnicas, una de ellas del cuñado de Cabaña, plantearon una serie de recusaciones, que incluyen a la fiscala general, Sandra Quiñónez; al fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz, además de otros fiscales adjuntos y agentes fiscales, con la finalidad de paralizar la causa.
De esta manera, ninguno podía presentar la acusación. Sin embargo, con la decisión de la Sala Penal, finalmente, se pudo presentar la acusación.
El caso data de setiembre del 2018, cuando la Fiscalía y agentes de la Senad allanaron viviendas, empresas y hoteles, a nombre de Reinaldo Cabaña en el Alto Paraná. Se incautaron de más de USD 800.000, 27 vehículos, más de 21 kilos de cocaína, armas y propiedades.
