La activista de derechos humanos Diana Vargas, a finales del mes de agosto, presentó una denuncia por supuesta exacción contra el defensor, alegando que “en una interpretación antojadiza”, cobraba desde el 2019 a los objetores de conciencia, llegando a percibir un total de G. 2.000 millones.
El fiscal solicitó informes a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ante quienes los objetores presentaban su constancia.
Entre los pedidos está remitir el listado de ciudadanos que presentaron su objeción de conciencia ante dicha Comisión hasta el 2010. Además de eso, pidió que se envíen copias de las designaciones de representantes desde el 2018 hasta la actualidad. Todo lo solicitado tiene tiempo para ser entregado hasta el miércoles de la próxima semana.
POR EXACCIÓN. La exacción –según el Código Penal– se refiere a cuando “el funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que, a sabiendas: recaudara sumas no debidas; no entregara, total o parcialmente, lo recaudado a la caja pública; o efectuara descuentos indebidos”.
Según consta en la denuncia, la Cámara de Senadores solicitó informes a la Defensoría del Pueblo basada en el proyecto de ley que busca establecer sanciones para quienes no realicen el servicio militar obligatorio ni el servicio sustitutivo previsto para objetores de conciencia.
Según Vargas, esta obligación de pagar se aplica únicamente a aquellos que fueron declarados objetores antes de que entre en vigencia Ley 4013, en el 2010. Quedan exceptuados como objetores aquellos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara o Senadores, en fechas anteriores a la promulgación de esta ley.
Por lo que, según la normativa, deben optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a 5 jornales mínimos.
En este punto, denunció que se iniciaron los cobros en mayo del 2019 y que en los datos consta que uno de ellos, inclusive, tenía 11 años en el 2010, por lo que no pudo haberse declarado objetor de conciencia.
